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El fiscal Espinoza sostuvo en su requerimiento de sobreseimiento provisional que deben realizarse aún diligencias investigativas como la constatación técnica de los acondicionadores de aire entregados a la Policía Nacional (marca de componentes, BTU, tipo de soportes, etc.), examen pericial sobre las características técnicas de las marcas resultantes del ítem precedente, declaración testimonial de Simón Talavera (técnico en refrigeración de la Policía), entre otros puntos.
Responsables
Fueron imputados por estafa por el fiscal Cantero, Héctor Omar Abed, Fernando Sakoda y Jazmín Graciela Salazar de León.
La investigación fiscal es en torno a la presunta compra irregular de 2.000 acondicionadores de aire para el Ministerio del Interior, cuyas marcas de los aparatos habrían sido adulteradas.
Además, no coincidían las características con lo detallado en el contrato y solamente fueron entregadas 1.015 unidades.
La acusación refería que Abed se desempeñaba como propietario de la firma Empresa Arquitectura y Diseño SA, adjudicada mediante una licitación, en tanto que Sakoda cumplía funciones como jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones en el Ministerio del Interior.
Tras la licitación, la compra aprobada fue por G. 4.350.000.000, para la provisión de 2.000 acondicionadores de aire de la marca Galaxy, de 24.000 BTU, a G. 2.175.000 cada uno. Además, los acondicionadores no serían de 24.000 BTU sino solamente de 18.000 BTU.