Adolescentes privados de su entorno familiar, depositados en instituciones

“¿Realmente protegemos a un niño cuando se aleja de su familia, se le ingresa a un centro de protección, se le cambia de escuela, de casa para vivir hacinado con otros niños desconocidos? El niño o adolescente se seguirá sintiendo solo, abandonado primero por su familia y después por el Estado que le prometió protección y lo mandó al submundo de la institucionalización”. Así explica sobre esta problemática Mario Torres, presidente de DNI-Py.

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El psicólogo y experto en niñez y adolescencia, Mario Torres, presidente de la entidad Defensa de Niñas y Niños-Internacional (DNI), sección Paraguay, en un informe, asegura que en nuestro país es creciente y elevada la cantidad de personas menores de 18 años en instituciones. Según un censo de niños institucionalizados, realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en el año 2006, con apoyo de Unicef, 2.573 niños y adolescentes residían en 56 instituciones. En el año 2010, representantes de la SNNA estimaron que existen aproximadamente 2.000 niños/as y adolescentes en instituciones, las cuales son 63 de carácter privado y 3 de carácter gubernamental. Lamentablemente, no existen registros oficiales que permitan dar un seguimiento y monitoreo de la cantidad de niños/as y adolescentes que ingresan a instituciones de cuidados.

Con base en los datos sobre la situación que atraviesan niños y adolescentes albergados en centros de protección y de privación de libertad en el país, nace el proyecto “Atención integral a adolescentes mujeres en conflictos con la ley y niños, niñas y adolescentes privados de su entorno familiar en Paraguay”, con el apoyo de Fundación Diagrama y los auspicios de la Junta de Andalucía, con la intención de impulsar el paradigma de la protección integral respecto a la infancia y adolescencia privada de libertad.

El discurso, bajo viejas prácticas

“En este sentido, durante los 24 meses de ejecución del proyecto se pudo observar la existencia de narrativas, discursos, que ubican al niño/a y/o adolescente como sujeto de derechos, pero que al mismo tiempo sostienen prácticas que los toman como objeto de intervención, con tendencias a la psicopatologización y la intervención desde una perspectiva médica, desconociendo sus necesidades evolutivas y personales, y ubicando al niño como “alguien a ser rescatado o curado”.

Se pudo observar que existe un quiebre y una incoherencia entre lo que se predica a nivel discursivo por las autoridades y lo que se inscribe cotidianamente en las prácticas ejercidas “en beneficio de los niños”, explica Torres.

Nunca se resuelve la situación de los menores

Según el material de análisis, la entidad no debe reemplazar a la familia, sino que su función es brindar al niño un espacio físico y emocional mientras se resuelve definitivamente su situación.

Pero existen casos donde los niños llevan más de dos, incluso tres años, dentro de un hogar transitorio o bajo la medida de protección Abrigo. Esos casos de larga permanencia en una institución son los llamados casos de institucionalización. “Es la muestra clara de que se continúa colocando a los niños y niñas como objetos pasivos de intervención, donde sus historias de vida son sesgadas, y se sigue utilizando a las entidades de abrigo como depósitos, propio del paradigma de la situación irregular”, recalca el psicólogo.

A través del proyecto que se ejecutó, pudieron comprobar que los casos de adolescentes varones privados de su entorno familiar son sumamente complejas y se carecen de soluciones o programas de trabajo con los mismos. Durante la ejecución del proyecto se pudo conocer 31 casos de adolescentes privados de su entorno familiar de una entidad de Abrigo, que permitió conocer una compleja problemática, donde se pudo ver la delgada línea que separa a la protección de la exclusión.

Los chicos son violentados, abandonados...

Mario Torres afirma que las instituciones no cuentan con los recursos para desempeñar su rol de protección adecuadamente. “Por ejemplo, carecen de trabajadores sociales, los cuales son fundamentales para lograr la localización de familiares y una revinculación familiar, la desproporción entre la cantidad de cuidadores y adolescentes a cuidar plantea un imposible, ya que son chicos con historias de malos tratos o abandono que exigen tiempo y atención insostenibles para una persona que no está formada. Se desconoce al adolescente como un ser sexuado, infantilizándolo y omitiendo actividades destinadas a desarrollarlos como hombres”.

“Los adolescentes plantean un desafío a las autoridades gubernamentales, ya que no hay interés por parte de la sociedad para adoptarlos, o el acogimiento familiar. Por esta razón, se debe limitar al mínimo el papel del abrigo o acogimiento institucional en el sistema de protección y esforzarse en invertir en las medidas de protección destinadas a fortalecer el entorno familiar y, evidentemente, mejorar seriamente las condiciones institucionales de aquellos chicos y chicas para quienes la institución sea la única alternativa”, puntualizó.

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