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La protesta fue hecha ante la Defensoría del Pueblo, que pidió la intervención de la Superintendencia de Salud en el problema. “Los anestesiólogos recurrentes en ejercicio de un legítimo derecho constitucional, han optado por no pertenecer a la Sociedad de Anestesiología, asociación integrada voluntariamente por otros varios médicos, pero que en los últimos años ha pretendido convertirse en la única institución que monopolice los contratos laborales de prestación de servicios, así como las tareas de capacitación efectuadas a nivel nacional y en foros internacionales”, explicó el Abg. Edgar Villalba, defensor adjunto del Pueblo.
Reiteró que el gremio también pretende arrogarse la ilegal facultad de decidir qué anestesiólogos pueden o no prestar sus servicios a las empresas de medicina prepaga, ya que en los contratos de prestación de servicios incorporan cláusulas excluyentes, condicionantes y amenazantes con las que obligan a estas firmas a someterse y acatar dichas facultades ilegales.
Por su parte, el Dr. Gustavo Riego, presidente de la citada sociedad, señala que la denuncia no tiene sustento, pues las empresas tienen la libertad de contratar a quienes a ellos les conviene. “Estamos trabajando con las prepagas hace 30 años”, dijo.
En cuanto a los seminarios internacionales organizados por la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología (Clasa), es esta la que decide quienes participan o no en los encuentros, explicó Riego.