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El problema de la no contratación de choferes desempleados por parte de las concesionarias que ganaron licitaciones se dio durante la existencia de la ex Secretaría de Transporte, de 2001 a 2014. Villalba aseguró que el titular del Viceministerio de Transporte, Juan Encina Pérez, tampoco trabaja a favor de los choferes que quedaron desamparados luego de dejar de operar las empresas donde trabajaban.
El sindicalista recordó el caso de los choferes de Ciudad de Capiatá, Línea 53, cuyo itinerario fue cancelado en 2013 por la ex Setama. La empresa Capiatá SRL, Línea 58, opera ahora el servicio desde el año 2014 y no cumplió con su deber de contratar a los obreros de la primera empresa.
Este caso está ahora en la esfera judicial y desde hace unas tres semanas la Línea 58 mantiene conflicto con un grupo de choferes, quienes están realizando una huelga para protestar el despido de cuatro de ellos. Una reunión se hizo ayer en el Ministerio del Trabajo para analizar el problema laboral que afecta a los pasajeros.
Promesas de empresas
El itinerario de La Gran Capiateña, Línea 59, fue adjudicado en marzo a Panchito López, Línea 29. El director de esta empresa es Sidney Wedderhoff, quien prometió contratar a obreros de la empresa cancelada que figuran en el Ministerio del Trabajo. Por su parte, la Naviera San Francisco SA, cuyo director es Fernando Leri Frizza, fue adjudicada también ese mes para el servicio de la Línea 203, de Areguá a Asunción (por Luque). La naviera se dedica al transporte fluvial y tiene un puerto en Pilar.
El viceministerio canceló el mes pasado el permiso de explotación de las empresas Nuestra Señora del Pilar, Línea 31, y de Curupayty, Línea 12, por mal servicio, ya que no cambiaron sus flotas de vehículos viejos.
El presidente de la citada federación dijo que los choferes de estas líneas también temen quedar en la calle, como sus colegas de la empresa Ykua Satî, Línea 3, que cerró sus puertas en enero de 2015 y quedaron sin cobrar indemnización. Los choferes denunciaron a esta línea por quiebra fraudulenta, que habría realizado para transferir a terceros varios bienes para no pagar G. 2.150 millones.