La propiedad de 25.000 hectáreas, ubicada a 70 kilómetros de la ruta Transchaco, sobre la Picada 108; a 35 kilómetros al sur de Teniente Pico, en el departamento de Boquerón; y a unos 640 kilómetros de Asunción, fue vendida a Julia Beatriz Vargas el 2 de noviembre del 2012, ante la escribana Justina Maribel Esteche Bareiro.
La transferencia fue dispuesta por el entonces titular del Indi, Rubén Quesnel, en abierta violación de la Constitución, que prohíbe la venta de los territorios indígenas. El ente percibió por este acto G. 1.250.000.000, la misma suma que pagó 16 años atrás, cuando adquirió el inmueble para los nativos.
El abogado de los aborígenes, Maximiliano Mendieta, informó que Julia Beatriz Vargas, la compradora ilegal del inmueble e imputada como cómplice en la acción criminal de Rubén Darío Quesnel, ha ofrecido oficialmente, tanto en el Ministerio Público (fiscala Alba Delvalle), como en el Poder Judicial ( Juzgado Nº 9 de Garantías a cargo de la jueza Gricelda Caballero) la devolución de las tierras de la comunidad indígena Cuyabia, a cambio del dinero entregado por la compra.
El juzgado le impuso además medidas cautelares, como prohibición de salir del país; la obligación de comparecer ante el Juzgado de Garantías una vez al mes, la prohibición de acercarse al Indi y a sus autoridades y una caución real de un inmueble de aproximadamente 500 millones a su nombre, así como la fianza personal en 100 millones a cada uno de sus abogados.
El Juzgado ya había resuelto la prohibición de innovar, de hecho, de derecho y de contratar con relación al inmueble de la comunidad indígena Cuyabia
Para el 13 de junio del presente año está citado el actual presidente del Indi, Rodolfo Aseretto a los efectos de manifestar su conformidad o no en relación a esta proposición de la devolución de las tierras.
El titular del Indi deberá consultar a los nativos sobre esta propuesta para que su procedimiento y la decisión que tomará se ajusten a las leyes nacionales y los convenios internacionales.
Por otro lado, el proceso penal contra Quesnel sigue, y la querella anunció que ampliará su denuncia contra la escribana Maribel Esteche.
La venta del territorio indígena no tiene precedentes y de ahí la gravedad del caso, porque se realizó en abierta violación de la Constitución, que dice que no se puede vender ni alquilar la propiedad que figura a nombre de los aborígenes. El inmueble en parte ya fue trabajado. Quedará a cargo del juzgado indemnizar a los nativos.