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Dos días después de ganar las elecciones municipales, el 17 de noviembre pasado, Mario Ferreiro dijo a ABC que se haría una revisión completa de la plantilla laboral para identificar si había personas que figuraban y no trabajaban.
“Eso sí, vamos a comenzar inclusive a publicarlo, porque no hay mejor arma que la transparencia para dejar en evidencia a aquellos que cometen un acto que es ilícito”, dijo. Sin embargo, tal anuncio quedó en la nada.
En la víspera el director de gabinete de la Intendencia, Ing. Max Rejalaga, informó que la institución definitivamente no hará públicos los nombres de los 577 funcionarios que fueron sacados de la Comuna este mes.
Cuando se le recordó el compromiso que hizo Ferreiro de dar a conocer la nómina de los planilleros días antes del anuncio oficial de los despidos, el funcionario señaló que el intendente en ningún momento dijo que iba a publicar lista alguna y que tal afirmación nació solo de algunos medios de comunicación.
“Acá lo importante es que esta administración, en su primer mes de gestión, redujo ya el 10% del total de funcionarios de la Comuna, con lo que se ahorrarán G. 17.000 millones al año. No entiendo por qué es tan importante una lista que no podemos dar a conocer porque estaríamos incumpliendo la ley laboral, que asiste a todo trabajador”, señaló el funcionario.
Comentó que el Código del Trabajo, en su artículo 62 inciso g, prohíbe a todo empleador utilizar el sistema de lista negra, cualquiera sea su modalidad, contra los trabajadores que se retiren o sean separados del servicio.
Agregó que si la Junta Municipal resuelve solicitar la nómina de funcionarios despedidos, tal como lo anunciaron ya algunos concejales, la Intendencia sí enviará la información.
Sin embargo, el director de Asesoría Jurídica de la Comuna, José Enrique García, manifestó no tener el mismo parecer que Rejalaga en cuanto a enviar la nómina a los ediles.
Consultamos por qué la Intendencia no denuncia a los funcionarios planilleros ante la justicia. García informó que están trabajando en una presentación ante la fiscalía. “Ante la sospecha de cobro sin trabajar vamos a hacer la denuncia por daño patrimonial y conducta fraudulenta”, dijo el abogado, aunque no pudo precisar cuántos de los 577 desvinculados estarían involucrados en estos hechos.
Cuando se le consultó si mediante la Ley 5282 (de libre acceso a la información pública) ABC podría acceder a la nómina de planilleros, García explicó que la normativa no señala taxativamente la obligatoriedad de dar nombres de funcionarios que fueron despedidos. Solo habla de los que están empleados, sus funciones y salarios, indicó el exprocurador de la República durante el gobierno de Fernando Lugo.