El Estado atenta contra los derechos de las mujeres

La violencia contra las mujeres crece cada día en el mundo entero. Y no solo la violencia física sino también la violencia estatal, una de las más graves, porque atenta contra los derechos de las mujeres, denunciaron las campesinas, ya que no se crean mecanismos que garanticen la protección a las víctimas, el difícil acceso a la justicia y la criminalización y represión contra la lucha de las mujeres en los sectores populares.

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En el año 2013, 20 mujeres en Paraguay fueron asesinadas por sus parejas; sin embargo, el feminicidio continúa sin ser tipificado en la legislación nacional. El 20% de los embarazos en nuestro país corresponden a adolescentes de entre 11 a 19 años y, aún así, la educación sexual y reproductiva sigue siendo materia ausente en las políticas públicas, denunciaron ayer, por el Día internacional de la no violencia contra la mujer, las mujeres campesinas de la Organización de Mujeres Rurales e Indígenas Conamuri, Organización Nacional Campesina (ONAC), Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU), Mesa de Articulación Indígena del Paraguay (MAIPy), Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIP) y Organización Campesina Cultiva; y la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), quienes hicieron un mitin en la Casa del Pueblo.

Destacaron que según fuentes oficiales más del 20% de las paraguayas han sufrido algún tipo de violencia alguna vez en su vida, en tanto que el mismo porcentaje de mujeres indígenas han padecido violencia física o sexual por parte de sus parejas.

“De las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre las mujeres, las estructurales son de las más graves porque es el Estado mismo el que atenta contra los derechos de las mujeres, en vez de protegerlas, promoverlas y crear mecanismos de garantía y de cumplimiento. Por esa ausencia y desinterés del Estado paraguayo se multiplicaron en estos últimos tiempos los casos de criminalización y represión contra la lucha de las mujeres en los sectores populares, acompañados de gran impunidad y, sobre todo, complicidad de las autoridades que deberían intervenir en razón de justicia. Se debe garantizar la continuidad del programa de Atención Primaria a la Salud (APS), proveer medicamentos y kits de partos en forma gratuita en hospitales y centros de salud comunitarios, y promover con fuerte impulso los programas de salud preventiva”, puntualizaron en su pronunciamiento emitido ayer.

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