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Las tierras reclamadas están en el Chaco.El 2010 dejó una nueva sentencia de la Corte contra Paraguay, como fue el caso Xákmok Kásek en el cual encontró al país responsable de la violación de derechos territoriales, de la vida, de derechos del niño y de incumplir con el deber de no discriminar a pueblos indígenas, entre otros.
En este hecho, los nativos piden al Estado la devolución de 10.700 hectáreas, que debe ser resuelta antes de finales del 2013.
También evidenció las dificultades del Estado de otorgar protección a la comunidad, donde una comitiva internacional integrada por la relatora de la CIDH quedó retenida por guardias armados, aun mediando recomendaciones internacionales de protección y habiendo sido invitada la misma por el propio Estado paraguayo.
No obstante, un avance importante y de debida pronunciación es la presupuestación de los montos necesarios para la adquisición de las tierras en todos los casos, según información del Indi y Ministerio de Hacienda.
Yakye Axa
La comunidad indígena Yakye Axa es otro caso pendiente para el Estado.
La obligación impuesta por la Corte Interamericana fue la restitución de sus tierras ancestrales (Fincas 15.179; 15.180 y 15.181).
El plazo venció en julio de 2008. Las tierras se encuentran tituladas a nombre de la empresa Loma Verde SA, propiedad de la familia Domínguez Dibb. Se rechazó un proyecto de expropiación en 2009.
En 2010, la comunidad aceptó tierras alternativas, pero dado que el expediente para la asignación de recursos introducido en el Indert no tuvo el suficiente seguimiento, el propietario de las tierras alternativas vendió a otra persona, frustrándose así, una vez más, el derecho de la comunidad.
Sawhoyamaxa
Esta comunidad reclama la restitución de sus tierras, que hoy figuran como Fincas 16.784 y 16.786.
El plazo venció en mayo de 2009. Las tierras se encuentran tituladas a nombre de las empresas Kansol SA y Roswell SA, ambas representadas por Heribert Roedel. En el 2010, el propietario accedió a vender al Estado las tierras. Aún no se sabe la pretensión económica del mismo, pero el Estado quiere adquirirlas.
Kelyenmagategma
El 12 de octubre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó al Estado las peticiones realizadas por la comunidad Kelyenmagategma, fijando un plazo de dos meses para que este presente sus observaciones. Asimismo, solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de la comunidad y la restitución a los mismos de 15.000 hectáreas reivindicadas. El propietario del inmueble es la empresa El Algarrobal SA, del senador Jorge Oviedo Matto (Partido Unace). El valor de la propiedad es de G. 5.400.000.000 (US$ 80 por hectárea).
Estas sentencias y observaciones surgen porque el Estado no cumple su misión de devolver a los nativos sus territorios ancestrales, tal como establece el capítulo V de la Constitución.
En este hecho, los nativos piden al Estado la devolución de 10.700 hectáreas, que debe ser resuelta antes de finales del 2013.
También evidenció las dificultades del Estado de otorgar protección a la comunidad, donde una comitiva internacional integrada por la relatora de la CIDH quedó retenida por guardias armados, aun mediando recomendaciones internacionales de protección y habiendo sido invitada la misma por el propio Estado paraguayo.
No obstante, un avance importante y de debida pronunciación es la presupuestación de los montos necesarios para la adquisición de las tierras en todos los casos, según información del Indi y Ministerio de Hacienda.
Yakye Axa
La comunidad indígena Yakye Axa es otro caso pendiente para el Estado.
La obligación impuesta por la Corte Interamericana fue la restitución de sus tierras ancestrales (Fincas 15.179; 15.180 y 15.181).
El plazo venció en julio de 2008. Las tierras se encuentran tituladas a nombre de la empresa Loma Verde SA, propiedad de la familia Domínguez Dibb. Se rechazó un proyecto de expropiación en 2009.
En 2010, la comunidad aceptó tierras alternativas, pero dado que el expediente para la asignación de recursos introducido en el Indert no tuvo el suficiente seguimiento, el propietario de las tierras alternativas vendió a otra persona, frustrándose así, una vez más, el derecho de la comunidad.
Sawhoyamaxa
Esta comunidad reclama la restitución de sus tierras, que hoy figuran como Fincas 16.784 y 16.786.
El plazo venció en mayo de 2009. Las tierras se encuentran tituladas a nombre de las empresas Kansol SA y Roswell SA, ambas representadas por Heribert Roedel. En el 2010, el propietario accedió a vender al Estado las tierras. Aún no se sabe la pretensión económica del mismo, pero el Estado quiere adquirirlas.
Kelyenmagategma
El 12 de octubre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó al Estado las peticiones realizadas por la comunidad Kelyenmagategma, fijando un plazo de dos meses para que este presente sus observaciones. Asimismo, solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de la comunidad y la restitución a los mismos de 15.000 hectáreas reivindicadas. El propietario del inmueble es la empresa El Algarrobal SA, del senador Jorge Oviedo Matto (Partido Unace). El valor de la propiedad es de G. 5.400.000.000 (US$ 80 por hectárea).
Estas sentencias y observaciones surgen porque el Estado no cumple su misión de devolver a los nativos sus territorios ancestrales, tal como establece el capítulo V de la Constitución.