El Estado no invierte en salud y educación y la pobreza golpea fuertemente a los niños

Si bien en los últimos años fue creciendo la inversión del Estado en educación y salud, aún se necesita aumentar los recursos para garantizar el bienestar de la infancia, asegura el Frente por la Niñez y la Adolescencia, coalición de organizaciones no gubernamentales y Unicef Paraguay.

Paraguay destina 9,7% de su PIB a la inversión social, de los cuales alrededor del 50% está dirigido a la infancia, mientras que la inversión social de Argentina, Brasil y otros países de la región se sitúa entre el 15 y el 26%. Si se tiene en cuenta que la Unesco recomienda destinar el 7% del PIB solo a educación, y que recientemente Brasil aprobó destinar 10% a este sector, es evidente que nuestro país debe redoblar esfuerzos por una mayor y mejor inversión social.

La magnitud de la inversión social –y en la infancia en particular– resulta insuficiente, por lo que se requiere aumentar la cantidad y mejorar la eficiencia en la implementación de los recursos, así como la focalización en poblaciones más vulnerables, sobre todo la infancia.

Representantes de organizaciones sociales que trabajan en el área de la niñez paraguaya, afirman que Paraguay ha retrocedido en materia de los derechos y protección de la infancia en Paraguay e instan a reflexionar y avanzar en políticas públicas.

Los niños del área rural son los más afectados: 600.000 de ellos y adolescentes padecen de pobreza, de los cuales 68% se encuentra bajo la línea de extrema pobreza. Mientras que en las áreas urbanas alcanza a 435.000 personas de menos de 18 años, de las cuales 46% es extremadamente pobre. El estado de los indígenas es aún más alarmante: la pobreza extrema alcanza al 63% y la no extrema al 77%.

Esta situación obliga al 23,5% de la población infantil a trabajar para ayudar en el sustento familiar, con lo que no solo descuidan los estudios y pierden calidad en la salud física y emocional, sino que se exponen a riesgos, como abuso psicológico y sexual, fatiga, trastornos psicosomáticos, baja autoestima, dificultades de socialización, comportamiento agresivo y antisocial, depresión, drogadicción, embarazo precoz y otros.

Según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes 2011 (EANA), Paraguay cuenta con 1.880.109 niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad, de los cuales 436.419 (23,21%) realizan alguna actividad económica remunerada.

Algunas de las actividades que ocupan a mayor cantidad de los niños y adolescentes son: los cultivos (135.531 niños y adolescentes), servicio doméstico (49.862), cría de animales (45.314), comercio al por menor (48.505); construcción de edificios y obras de ingeniería civil (17.842) y mantenimiento de vehículos (10.438), entre otras.

Esta encuesta, realizada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos y la Organización Internacional del Trabajo, revela que 204.978 niños y adolescentes están expuestos a trabajos peligrosos, por tanto prohibidos.

El Decreto 4951/05 del Poder Ejecutivo, que ratifica el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, establece entre las peores formas de trabajo infantil: tareas que requieren uso de maquinaria y herramientas manuales, que emplea a 149.541 niños; actividades que impliquen exposición a polvos, humos y gases, a 124.987 y labores de cuidados de personas y enfermos, 95.051.
Otras ocupaciones altamente peligrosas son: el trabajo infantil doméstico y el criadazgo (57.292 niños); los trabajos en la vía pública y ambulantes (23.291 niños) y la recolección de desechos (25.100), entre otros.