Esperan la revocatoria del desalojo

Indígenas ava guarani de la comunidad Y’apo de Corpus Christi esperan que el Juzgado de Segunda Instancia revoque la orden de desalojo que dictó en contra de ellos la jueza de Salto de Guairá, Edith Martínez. Indicaron que estudios antropológicos y etnográficos señalan que la tierra que ocupan son parte de su territorio ancestral.

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Los nativos, sus asesores y destacados antropólogos, como los sacerdotes José Zanardini y Bartomeu Melià, repudiaron la sentencia judicial y anunciaron que recurrirán a la Segunda Instancia, a la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se revea la decisión de la jueza Martínez.
Avelino García, nativo de la comunidad, denunció que los dueños de la estancia Laguna SA les amenazan permanentemente. “Nuestra comunidad era un gran monte, pero hoy todo está arado, todo derrumbado.

Las autoridades no nos protegen”, indicó. Adelantó que no saldrán del lugar porque son paraguayos y criticó la actividad que hacen las agroganaderas, que destruyen los montes y contaminan los cauces de agua.

Vicenta Villalba, otra indígena del lugar, aseguró que no saldrá de la comunidad Y’apo, porque allí están enterrados sus padres y abuelos. “La tierra es nuestra. Ellos compraron la propiedad con los nativos adentro. Nos matarán allí, pero ya no saldremos. Si destruyen a los indígenas, destruirán al Paraguay”, indicó.

Por su parte, el antropólogo José Zanardini cuestionó duramente la actuación de la jueza Martínez.

“Cuando se realizó el juicio los testigos expusieron argumentos de que la tierra forma parte del territorio indígena; sin embargo, sacan una sentencia que parece ser de una retrasada mental. Esta jueza es una analfabeta o una retrasada mental”, señaló. Por su parte, el jesuita Bartomeu Melià, dijo que en 1970 esa zona era un gran monte que fue comprado por la Industrial Paraguaya con los indígenas adentro. “Hoy veo indicios de exterminio legal mediante leyes y juicios que buscan despojar a los nativos de sus territorios”, apuntó.

El 15 de junio pasado, guardias de la empresa Leo SA, al servicio de Laguna SA, atropellaron a los nativos. El enfrentamiento dejó como saldo un guardia muerto y varios nativos heridos.

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