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El Sinadi junto con el Sindicato de Trabajadores del Transporte y Afines del Ministerio de Salud expusieron en la nota los antecedentes del caso que cuenta con denuncias de licitaciones amañadas, presentadas por legisladores, para beneficiar a una empresa pese a contar con dictámenes en contra de la propia Contraloría General de la República.
“Si se permite que se utilicen los recursos de Fonacide para otro fin que no sea construir o reparar escuelas o invertir en Salud se cometerá un flagrante delito. Vamos a convocar a todos los sectores para denunciar esto y realizar acciones para defender los intereses de sectores de Educación y Salud”, dijo.