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Definitivamente, la Ley N° 4758/12 que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) requiere de una urgente reformulación, ya que así como fue concebida no cumple con los objetivos primarios de dicha legislación que era el desarrollo de la educación pública en todo el país.
Según el informe elaborado por la Dirección de Comunicación de la Contraloría, entre el 2012 y julio de este año, las 249 municipalidades de todo el país recibieron del Fonacide (fondo proveniente de la Itaipú Binacional), G. 865.482 millones.
Por su parte, las 17 gobernaciones del país recibieron en el mismo lapso y por el mismo concepto un total de G. 220.837 millones.
En conjunto, gobernaciones y municipalidades recibieron en los últimos cuatro años nada menos que G. 1 billón 86.320 millones, lo que en moneda norteamericana se traduce en unos US$ 197 millones de acuerdo al tipo de cambio actual.
La ley del Fonacide establece claramente que por lo menos el 50% de estos fondos debían ser destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura en educación consistente en la construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de las instituciones educativas instaladas a lo largo y ancho del país.
Asimismo, la legislación prevé el uso del 30% de los fondos para el financiamiento del almuerzo escolar, a fin de beneficiar a niños y niñas en edad de educación inicial y educación básica del 1° y 2° ciclos de instituciones del sector oficial, especialmente en zonas más vulnerables.
El resto (20%) está destinado para inversión pública y desarrollo.
Caótica realidad
A cuatro años de la implementación del Fonacide, los resultados están a la vista. Las gobernaciones y municipalidades, lejos de utilizar los fondos del Fonacide para mejorar la educación en el país, han hecho un festival de derroche y despilfarro.
Hoy día, más del 90% de los intendentes municipales no presentan sus rendiciones a la Contraloría (solo 17 de 249 cumplieron). Nuevamente, de los que cumplieron, varios municipios fueron suspendidos por presentar irregularidades e incluso ilicitudes en las documentaciones arrimadas a la entidad contralora.
Asimismo, en medio de la falta de rendiciones o de la presentación de documentos falsos, inclusive, varias de las obras realizadas con estos fondos comenzaron a caer debido a la mala calidad de materiales utilizados, la contratación irregular de empresas no aptas para la construcción, etc.
Por otra parte, salvo algunas honrosas excepciones, la mayoría de las obras realizadas en las instituciones educativas del sector público no fueron adecuadas a las necesidades básicas de los alumnos que asisten a las mismas. Hoy día numerosas escuelas y colegios públicos siguen careciendo de las condiciones mínimas para la enseñanza como ser pupitres en condiciones, aulas adecuadas (se sigue dando clases bajo los árboles), baños modernos, etc.
En síntesis, hasta ahora el Fonacide solo sirve para el derroche y el despilfarro de intendentes y gobernadores.
mvelazquez@abc.com.py