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El discurso de la ministra fue en la tarde del miércoles, ante un reducido auditorio, pese a ser en el marco del segmento de alto nivel de la 20ª Conferencia de las Partes (COP 20). “Valoramos las áreas silvestres protegidas, que forman parte del 16% de nuestro territorio, incluyendo las tres reservas de la biosfera reconocidas por la Unesco”, manifestó.
El discurso contrasta con la realidad, ya que la propia ministra autorizó la cacería y matanza de 214.000 teyús, incluyendo crías, para el comercio de pieles. Ante la presión ciudadana, tuvo que rever la medida, a principios de febrero de este año.
La ministra resaltó también que el Gobierno promueve “la certificación de 12 millones de hectáreas de bosques, apuntando a alcanzar la deforestación neta cero para el año 2020”. Un informe del 2011 del Instituto Forestal Nacional sostiene que en la Región Oriental había entonces 2.600.000 Ha. de bosque, mientras que en el Chaco, 14 millones de hectáreas. A la fecha, en la Región Oriental se habla de menos de 1.300.000 Ha. de remanente boscoso, y en el Chaco la deforestación no cesa, según WWF Paraguay, por lo que los bosques en el país se estarían reduciendo a casi 12 millones de Ha.
Aseguró que “Paraguay ha sentado una postura firme respecto de la deforestación ilegal por medio de nuevas normativas que obligan a la recomposición del ecosistema y el aumento sustantivo de las penas, así como la incorporación de tecnologías que permiten una mejor fiscalización”.
“Logramos la disminución de aproximadamente el 70% de la deforestación de uno de los ecosistemas más amenazados, el Bosque Atlántico”, indicó y agregó que nuestro país “está realizando acciones concretas encaminadas a revertir el proceso de pérdida de bosques naturales”.
Para ello, dijo, existe “una ley de ‘Deforestación cero’ en una región que afecta al 40% del territorio, a fin de revertir el proceso de pérdida del bosque Atlántico (Altoparanaense)”.
Morales garantizó seguridad jurídica para las inversiones. Argumentó que Paraguay cuenta con un marco legal “que otorga protección a las inversiones que benefician el clima” y que este año se empezó a implementar la ley de Servicios ambientales “con una política de diferenciación positiva hacia los hábitats de comunidades indígenas, lo cual ha permitido la certificación de 1.500 hectáreas de sus bosques y el proceso de certificación de unas 70.000 hectáreas”.
Agregó que nuestro país ha incorporado los principios del desarrollo sostenible en sus políticas nacionales y sectoriales, y ha implementado programas y proyectos para revertir los procesos de degradación del ambiente.