Proyecto de ley pervertirá aún más la educación universitaria

Durante ese periodo de tiempo fueron creadas más instituciones de formación terciaria que en cualquier otra época de nuestra historia, sin cumplir con los requisitos mínimos de calidad. Ahora el Parlamento pretende consolidar el modelo mercantilista en la educación superior, aprobando una ley que constituirá el marco jurídico para el negocio de la acreditación.

En los últimos cinco años fueron habilitados más universidades, institutos superiores y carreras que en cualquiera otra época. Todo esto tras la aprobación de una ley en el Parlamento mediante la cual el dictamen del Consejo de Universidades dejó de ser vinculante para la creación de universidades, por parte de los legisladores. En consecuencia, hoy en día existen en el país unas 1.000 carreras, 53 universidades y 37 institutos superiores habilitados.   
   
Un proyecto de ley que regulará a estas instituciones debe ser estudiado esta semana en la Cámara de Diputados. El dictamen que se tomará como base es el emitido por la Comisión Bicameral de Educación, un documento que presenta contravenciones a la propia Constitución Nacional y que, según los entendidos, consolida el modelo mercantilista en la educación superior.   

En su afán por impedir la aprobación de este proyecto de ley instituciones como el Consejo Nacional de Educación y Ciencia (Conec), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y los gremios de universidades públicas y privadas elaboraron un proyecto de ley paralelo, que tiene dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. Aunque el mismo parece no ser tenido en cuenta.   

Los defectos del proyecto

Como primera medida, el proyecto de ley suprime la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) para dar lugar a un nuevo organismo, la Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Anaces).   
   
La diferencia fundamental entre uno y otro organismo es que mientras la actual Aneaes otorga la acreditación, previa evaluación cada cinco o seis años, la Anaces permitirá que cualquier universidad o instituto superior de reciente creación pueda solicitar evaluación, sin necesidad de que haya egresado al menos una promoción, en la carrera cuya evaluación pretenden.   
   
Otro de los puntos más cuestionados al proyecto de ley de la bicameral es la creación de un consejo que controlará a las universidades –decidirá si se habilitan o no– y que estará integrado también por parlamentarios.   
   
El proyecto además dispone la creación de agencias privadas de evaluación en las cuales se delegará una atribución que compete exclusivamente al Estado. Esto deja abierta la posibilidad de que los mismos propietarios de universidades habiliten sus propias agencias de evaluación.   

Autonomía

Por último, se otorga autonomía a los institutos superiores que carecen de ella, según la propia Constitución Nacional. La autonomía a los institutos superiores constituirá una suerte de "blindaje jurídico" para dispensarlos del control del Ministerio de Educación o de cualquier otro organismo estatal. Así mismo con la necesidad de acreditación de los institutos superiores se asegura a las agencias de evaluación un porcentaje importante del mercado local.   

MEC se embandera con polémico proyecto   

Durante la gestión del ex ministro Luis. A Riart la cartera fue una de las instituciones más detractoras del proyecto, y varios de sus directores contribuyeron a la redacción de otro proyecto de normativa en la Comisión de Asuntos Constitucionales.   

Sin embargo la postura del MEC dio un giro radical tras la asunción del ex diputado Víctor Ríos como titular de la cartera de Educación hace algunos meses.   
  
Ríos fue uno de los impulsores del proyecto en la cámara baja y su postura como ministro sigue siendo la misma.

El actual viceministro de Desarrollo Educativo, Francisco Giménez, fue uno de los asesores de Ríos en la comisión bicameral.   Giménez es el autor de un libro titulado "Los institutos superiores tienen autonomía", que desde su asunción como viceministro se pone a la venta en los eventos oficiales del Ministerio.

Diputados deben analizar

Un proyecto de ley que regulará el fucionamiento de las universidades en el Paraguay será estudiado esta semana en la  Cámara de Diputados. El dictamen que se tomará como base es el emitido por la Comisión Bicameral de Educación, un documento que presenta contravenciones a la propia Constitución Nacional y que, según los entendidos, consolida el modelo mercantilista en la educación superior.

 

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