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Una de sus principales atribuciones sería otorgar la habilitación a las agencias privadas de acreditación, para que estas a su vez exploten el negocio de la evaluación.El Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), organismo que crea el proyecto de ley impulsado por una comisión bicameral, tendría poder de intervenir universidades, otorgar habilitaciones definitivas, clausurar filiales y carreras y autorizar la creación de agencias privadas de evaluación, entre otras atribuciones, según se desprende del texto de la ley.
El consejo, al que la bicameral atribuye la "representación del Estado", estará integrado por representantes de las universidades, de los institutos superiores que hoy carecen siquiera de autonomía, y hasta por parlamentarios que nada tienen que ver con la calidad de la formación universitaria.
Las agencias privadas mencionadas anteriormente son instituciones cuya creación la ley permite y deja también en manos del consejo. La ley no determina el número de agencias que podrán ser creadas, por lo que cualquier agencia podría solicitar su habilitación al consejo y a partir de entonces tener facultades para explotar el negocio de la acreditación.
Criterios flexibles
Con la evidente intención de abarcar el mayor número posible de universidades y de esta manera asegurar la rentabilidad de las agencias, la ley establece que cualquier facultad de reciente creación podrá someterse a evaluación para recibir la acreditación, sin que sea necesario que haya egresado al menos una promoción.
Esta situación fue criticada por el consejo directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), el ente que actualmente tiene a su cargo el aseguramiento de la calidad de la formación superior.
"¿Cómo acreditar una carrera si aún no se ha ejecutado con un año de existencia ni el 25% del proyecto académico?", cuestionaron los miembros de la Aneaes.
Asesor detrás del proyecto
La Aneaes responsabilizó a Francisco Giménez, asesor de la bicameral, de "confundir a la opinión pública con verdades a medias sobre la necesidad de suprimir la Aneaes".
En efecto, el proyecto elaborado con asesoramiento de Giménez prevé la supresión de este organismo estatal y su reemplazo por una denominada Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Anaces), con criterios de evaluación que en nada aseguran la calidad de la educación.
En varias oportunidades, Giménez defendió el polémico proyecto de ley, afirmando que "la necesidad de crear un organismo que se encargue de definir la política de la educación superior surgió porque ninguno de los entes que funcionan actualmente cumple con ese objetivo".
El consejo, al que la bicameral atribuye la "representación del Estado", estará integrado por representantes de las universidades, de los institutos superiores que hoy carecen siquiera de autonomía, y hasta por parlamentarios que nada tienen que ver con la calidad de la formación universitaria.
Las agencias privadas mencionadas anteriormente son instituciones cuya creación la ley permite y deja también en manos del consejo. La ley no determina el número de agencias que podrán ser creadas, por lo que cualquier agencia podría solicitar su habilitación al consejo y a partir de entonces tener facultades para explotar el negocio de la acreditación.
Criterios flexibles
Con la evidente intención de abarcar el mayor número posible de universidades y de esta manera asegurar la rentabilidad de las agencias, la ley establece que cualquier facultad de reciente creación podrá someterse a evaluación para recibir la acreditación, sin que sea necesario que haya egresado al menos una promoción.
Esta situación fue criticada por el consejo directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), el ente que actualmente tiene a su cargo el aseguramiento de la calidad de la formación superior.
"¿Cómo acreditar una carrera si aún no se ha ejecutado con un año de existencia ni el 25% del proyecto académico?", cuestionaron los miembros de la Aneaes.
Asesor detrás del proyecto
La Aneaes responsabilizó a Francisco Giménez, asesor de la bicameral, de "confundir a la opinión pública con verdades a medias sobre la necesidad de suprimir la Aneaes".
En efecto, el proyecto elaborado con asesoramiento de Giménez prevé la supresión de este organismo estatal y su reemplazo por una denominada Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Anaces), con criterios de evaluación que en nada aseguran la calidad de la educación.
En varias oportunidades, Giménez defendió el polémico proyecto de ley, afirmando que "la necesidad de crear un organismo que se encargue de definir la política de la educación superior surgió porque ninguno de los entes que funcionan actualmente cumple con ese objetivo".