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Según datos, unos 200 nativos emigraron desde el departamento de Caazapá y se afincaron en la propiedad, pero hace dos años, una inmobiliaria, a la que no identificaron, les reclama que el abandono de terreno.
Monseñor Mario Melanio Medina, en compañía de dos nativos afectados, llegó hasta la redacción de nuestro diario para exigir que estas personas no sean desalojadas. Además pidió al Estado expropiar estas tierras a favor de los indígenas.
“Doblemente desarraigados ya van a ser si les vuelven a desalojar a estos compatriotas nuestros que son manoseados constantemente y violados en todos sus derechos. En Luque se construyeron 28 casitas y ahí viven las 40 familias, algunas comparten inclusive una misma casita. Ellos ya tienen ahí sus mejoras como una pequeña escuelita a la que asisten los niñitos nativos. Por favor, no los desalojen”, clamó el religioso como miembro del Comité de Iglesias.
“El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”, explicó el abogado Bernardo Insaurralde, quien también acompañó al grupo y que asesora a los aborígenes.
El letrado especificó que en el Código Penal Paraguayo en su artículo 319, inciso 3, los nativos están amparados y no deben ser desalojados.
Explicó que ya se recurrió al Indi, Indert, Municipalidad de Luque y al Ministerio Público para frenar el desalojo y propiciar la expropiación de las 11 hectáreas a favor de las familias indígenas. El fiscal que lleva la causa es Néstor Cañete, de la Unidad Penal 8.
Según el abogado, la inmobiliaria que reclama las tierras no tendría ningún inconveniente en vender la propiedad al Estado.