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27 de Enero de 2019

 

¿Adiós a la transparencia?

Por Marta Escurra

En el proceso de uso y aplicación de la Ley 5282/14 de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental (Ley AIP), desde un principio hemos sido conscientes de que implicaría una etapa de “ensayo-error”. Dábamos como presupuestado que en el camino a la consolidación se ajustarían los engranajes para que en algún momento pedir información sea solo un trámite simple y no una especie de pelea “vale todo” en la que quien sale lesionado y desangrado sea siempre el ciudadano que solo ejerce su derecho a saber.

El denominador común hasta ahora casi siempre ha sido el hecho de que los funcionarios públicos creen que la información pública es de su propiedad y se niegan con todos los argumentos habidos y por haber a entregarla; y si no les queda otra, incidentar el proceso.

Estas reflexiones vienen a cuento de un reciente comunicado emitido por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y Semillas para la Democracia titulado “Transparencia bajo amenaza de retroceso” y utilizando el hashtag #TransparenciaEnPeligro dan cuenta de que la transparencia se encuentra bajo amenaza de retroceso por el hecho de que el Poder Judicial obliga a un ciudadano a pagar por pedir información pública al Tribunal Superior de Justicia Electoral.

La preocupación, justa, es que el TSJE avalado por el PJ han negado un pedido de información pública y han condenado a pagar al ciudadano unos G. 7.000.000 en un “claro mensaje de amedrentamiento y regresión a las prácticas oscurantistas, acciones que ponen en riesgo a nuestra débil institucionalidad”, sostienen las mencionadas organizaciones.

A pocos días de cumplirse 30 años de la apertura democrática en nuestro país, sorprende que el Estado y quienes ejercen el poder todavía encuentren formas “creativas” para disfrazar sus acciones represoras y dictatoriales utilizando el poder en beneficio propio antes que en el de los ciudadanos.

El acceso a la información pública, según se consigna en la ley, es libre y gratuito. Entonces, suscribimos la pregunta que se hace el comunicado: “¿Por qué la saña contra una persona que ejerce su derecho fundamental a acceder información pública? No queda más que coincidir que la única lectura posible es que ha comenzado la contraofensiva de quienes creyeron que la Ley AIP no les afectaría y ahora se abroquelan para destruirla. La mano política detrás de esta decisión es evidente.

Estamos peor que nunca. Si alguien acude a la justicia reclamando el ejercicio de su derecho, es un absurdo que la misma le condene con un pago que de cierta forma el ciudadano ya lo ha hecho con sus impuestos. ¿Qué están buscando? ¿Sentar un precedente para que nadie más tan siquiera piense en pedir información que le compete?

Esta es una forma vil de infundir terror, pues usan las leyes como arma para defenderse de quienes en realidad deberían estar defendiendo. Un absurdo, una vergüenza, un despropósito del que solo la Corte Suprema de Justicia nos podría salvar.

mescurra@abc.com.py

 
 

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