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En primer lugar, vale recordar que las citadas organizaciones no depuran, por incapacidad o complicidad, la conformación de su dirigencia y en épocas de elecciones ofrecen a la ciudadanía candidatos que no solo no poseen méritos, sino que tienen en contra frondosas denuncias sobre sus actuaciones en anteriores cargos.
Así, hay exgobernadores o exintendentes acusados de cometer robos al erario –con abundantes pruebas de por medio– que se convierten en legisladores, o viceversa, para seguir con la angurria habitual. También existen entre esas “autoridades” evasores de impuestos y explotadores de trabajadores desde empresas diversas, que ganan con artimañas licitaciones para hacer servicios o proveer productos al Estado, que ni aportan el seguro social.
La incorporación mediante el tráfico de influencias y sin que haya necesidad real, de parientes y “dirigentes de base” en las entidades estatales, incluso en el IPS –que es de los trabajadores y empresarios–, con altos sueldos injustificados, así como la designación absurda de embajadores en lejanos países con los que el Paraguay no tiene intercambio alguno, son parte de los innumerables actos de latrocinio disfrazado en los que los mencionados partidos tienen corresponsabilidad, por acción u omisión, en perjuicio del Tesoro Nacional.
La subdivisión constante de instituciones públicas que agiganta todavía más la sangría de caudales y la burocracia, así como la instauración de nuevos organismos públicos innecesarios, se producen a instancias de los politiqueros. Y hasta la conformación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) al parecer se debió a un acto de corrupción, pues de 22 funcionarios con que cuenta, casi la mitad de ellos fueron designados jefes o directores con la evidente finalidad de abultarles sus salarios públicos. Además, ya existen otras instituciones que hacen el mismo trabajo asignado a esa unidad (Fiscalía, Contraloría, Procuraduría...).
Pero no es todo, por culpa de los mencionados grupos políticos las convocatorias de selección y contratación de personal en oficinas y empresas estatales representan la mayor de las farsas, porque se sabe que los puestos ya están reservados para los partidarios, como se comprobó que ocurrió en Petropar hace algunas semanas.
Asimismo, ANR y PLRA son principales responsables de que algunas ciudades tengan intendentes como Gustavo Alfonzo (en Arroyos y Esteros), Heriberto Mármol (Roque Alonso), Antonio Galeano (Capiatá), etcétera, sobre quienes abundan las denuncias. ¿Y acaso alguno de sus “líderes” de mayor renombre plantea renunciar a los subsidios y aportes oficiales que reciben esas asociaciones? Millones de dólares les da el fisco, mientras cientos de miles de pobladores están sumidos en la pobreza extrema, la ignorancia y la enfermedad por falta de asistencia pública.
A aquellas organizaciones igualmente se les debe la venalidad existente en la Fiscalía y el Poder Judicial, pues buena parte de sus integrantes obtuvieron sus puestos mediante “el partido” y devuelven el favor dando impunidad a los integrantes del clan que son pillados en alguna fechoría.
Algo positivo que surgió recientemente de parte de un dirigente de uno de los referidos partidos, quien a la vez es presidente del Congreso, Blas Llano, es la intención de recortar los gastos innecesarios del Legislativo. Si la finalidad es solo esa, enhorabuena, y estará con pequeña ventaja ante Julio C. Velázquez, Lilian Samaniego y otros que nada auspicioso encaran. Y el presidente Horacio Cartes exhortó a acabar con el robo del dinero público que cometen administradores y autoridades, pero no acomete contra los denunciados que están en su entorno. ¿Se avecina una nueva etapa o es nada más que demagogia?
gustavo.ortiz@abc.com.py