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14 de Julio de 2018

| ESCENARIO POLITICO

Atentado contra la democracia

Por Osmar Gómez R.

El grosero blanqueo judicial al diputado José María Ibáñez es un golpe brutal a los valores que deben regir a una sociedad democrática. De un plumazo jueces y fiscales derribaron pilares fundamentales sobre los cuales se sostienen los valores democráticos.

El diputado Ibáñez no solo hizo uso de sus influencias para pagar con dinero público a sus caseros, sino que además aviesamente se apropió de dinero de los contribuyentes para destinarlo a cuestiones particulares.

Y hubiera seguido haciéndolo si los medios de comunicación no hubieran destapado el caso. Ibáñez no cambió su conducta por voluntad propia. Si los medios no hubieran descubierto lo que estaba haciendo es probable que hasta hoy siguiera desviando dinero público.

El proceso tenía todos los elementos y suficientes pruebas para imponer un castigo ejemplar que sentará las bases para la línea de conducta en la función pública. Podría haber sido el caso bisagra para castigar la corrupción pública en sus diferentes facetas.

Aun así para los jueces y fiscales la conducta del legislador no mereció mayor reproche que devolver lo robado y hacer alguna que otra donación. En sí mismo la decisión judicial no encontró amoral la conducta del funcionario público. Con su fallo dieron su visto bueno a los manejos corruptos de los empleados estatales y dejaron sentado que apropiarse irregularmente del dinero de los contribuyentes no es una cuestión grave. Que es apenas una falta mínima que toda vez que se descubra es de fácil solución.

El cualquier parte del mundo un proceder semejante se castigaría con la inmediata destitución de jueces y fiscales y la consecuente revisión del fallo. Pero en Paraguay hacemos las cosas a nuestro modo. Los jueces y fiscales ni siquiera serán molestados y hasta podrían ser felicitados, mientras el diputado Ibáñez seguirá en la Cámara sin ser perturbado.

A estas altura otros legisladores que también tienen procesos en la justicia ya empezaron a buscar magistrados como los que tuvo Ibáñez para lograr archivar sus causas. Las conversaciones entre procesados y magistrados son cada vez más frecuentes para asegurar una impunidad cruzada donde los procesados serán blanqueados y los magistrados serán protegidos.

Todos los estudios de los últimos años sobre la situación del país ponen su atención sobre el alto nivel de corrupción de la justicia. Casos como los del diputado Ibáñez o la denuncia de los últimos días que involucró a un miembro de la Corte Suprema de Justicia en un pedido de coimas, confirman el nivel de podredumbre.

En los últimos días la dirigencia política volvió a poner en agenda la reforma del sistema judicial y la necesidad de sanear el Poder Judicial. Es un reclamo ciudadano postergado por años y que se maneja de acuerdo a las necesidades políticas.

Hace al menos tres años duerme en la Cámara de Senadores el pedido de juicio político a seis miembros de la Corte Suprema de Justicia. Las denuncias que pesan sobre cada uno parecen contundentes, aun así la dirigencia política no se pone de acuerdo para continuar el proceso de destitución. Las necesidades sectoriales, los apetencias grupales y la coyuntura impiden avanzar.

La democracia para que funcione como sistema de gobierno necesita de una justicia eficiente y eficaz que castigue con toda su fuerza la corrupción. Sin esa premisa en un corto tiempo se vuelve insostenible; porque finalmente el problema de fondo no es tanto la corrupción como la impunidad. Es esta la que finalmente termina corrompiendo a todo el sistema de valores de la sociedad y genera turbulencias en la administración gubernamental.

ogomez@abc.com.py

 
 

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