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La forma en que se plantea el juicio político a cuatro miembros del máximo tribunal motivó la reacción de los sectores colorados y liberales que no responden o no están directamente comprometidos con el Ejecutivo. Está por verse si la resistencia que muestran es solamente un “ñembohepy” (para cotizarse) o si hay una intención real de plantarse con firmeza ante esta intentona.
Tal como se presenta esta “reforma del Poder Judicial”, supuesto fundamento de los cambios en la Corte, parece más bien una actitud oportunista para que los recién llegados al poder puedan extender sus tentáculos en la Justicia. También parecen estar de por medio pases de factura o venganzas personales que algunos políticos aprovechan para tomarse.
Es muy posible que varios de los legisladores que se niegan a dar sus votos para concretar los cambios no estén movidos por cuestiones de principios, integridad moral ni nada parecido. Teniendo en cuenta el manejo habitual que existe en nuestro sistema institucional, podemos más bien pensar que hay compromisos y favores que algunos personajes políticos les deben a los actuales ministros.
Hasta el momento, el presidente Horacio Cartes no abrió la boca para referirse a esta jugada política, como si quisiera demostrar que no es una cuestión suya. Sin embargo, fue su asesor político, Darío Filártiga, quien acercó la lista de los ministros de la Corte “prescindibles” a la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Resulta imposible además creer que el partido de gobierno esté dando un paso de este calibre político-institucional sin el visto bueno previo del mandatario.
Los políticos directamente involucrados en la jugada afirman que los cambios son irreversibles y que la suerte de los ministros está echada.
Sin embargo, el costo político puede ser demasiado alto para varios. De uno y otro lado habrá heridos, contusos y tal vez hasta políticamente fallecidos.
Si el Ejecutivo y las cúpulas partidarias se imponen, todos los dirigentes políticos que hasta ahora se vienen resistiendo a la orden partidaria y que deban luego variar su posición quedarán muy mal parados. Se sospechará que los compraron o, en todo caso, que fueron incapaces de sostener con firmeza su postura. Pero, los “ganadores” también quedarán con la sospecha de haber utilizado para el efecto “razones” económicas o amenazas que no dieron opción a sus contendientes.
Si el Ejecutivo y sus aliados fracasan en imponer a los nuevos miembros de la Corte Suprema a la velocidad que se han propuesto, quedará la sensación de que el presidente pierde aceleradamente fuerza, a pesar de que recién hace un año y medio que está en el poder. Su margen de maniobra para jugadas políticas futuras se pondrá en duda.
Justamente, el motivo de estos cambios en la Corte motiva diversas especulaciones: ¿es una cortina de humo para ocultar la falta de resultados de gestión o el fracaso en resolver los secuestros o la evidencia de que el narcotráfico está presente en las instituciones del Estado? ¿Es un ensayo para el futuro planteamiento de una reforma constitucional que dé lugar a la reelección presidencial? ¿O es simplemente la necesidad de contar con amigos en la máxima instancia judicial con vistas a que se constituyan en una protección a futuro?
Sea cual fuere los motivos, resulta difícil pensar que algunos de ellos sean los intereses de la ciudadanía o la independencia del Poder Judicial, por más que quieran convencernos de que lo tienen en cuenta.
mcaceres@abc.com.py