Desde hace al menos un cuarto de siglo que se viene hablando de este tema.
Toneladas de bocaditos y ríos de café pasaron en interminables reuniones de “expertos”, activistas por el medio ambiente, funcionarios, políticos oportunistas de discursos anodinos, y pescadores de río revuelto, pero en todo este tiempo lo único que avanzó es la paulatina desaparición de la reserva.
Pese a la abundante legislación disponible, incluida una ley de “deforestación cero”, la corrupción que inficiona literalmente cualquier institución que tenga a su cargo alguna parcela de intervención en la materia hace que toda esta “artillería” legal valga menos que papel mojado.
Pese a que existe lo que se podría decir un “consenso” en torno a la necesidad de preservar la naturaleza, es bien poco lo que se hace realmente por frenar los daños.
Pese a que conocemos el desenlace de esta desenfrenada carrera de “producir más” para “ganar más“, sustituyendo bosques por monocultivos o criaderos de vacas, para enriquecer a unos pocos, en rigor nada se hace por poner coto a la situación.
En el caso de la cordillera del San Rafael, todos sabemos que el único camino que podría asegurar cierto nivel de eficacia en su preservación es convertirlo en un parque nacional.
Hasta ahora, en su condición de “reserva para parque” no es ni chicha ni limonada.
Se convirtió en un campo de batalla, una especie de tierra de nadie, donde los inescrupulosos hacen su negocio, con la complicidad de la policía, los operadores de justicia y de las entidades gubernamentales que hacen la vista gorda.
El Estado paraguayo tienen la potestad de convertir esa reserva en un parque a través de la expropiación. Si no lo hacen es por falta de voluntad política, o de coraje político.
Eso de que no existen recursos es una “bolaterapia” insostenible. Con que dejen de robar unos meses en salarios a planilleros, viáticos, licitaciones infladas y otras yerbas, basta y sobra.
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