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El miércoles pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró un acuerdo con la constructora brasileña Odebrecht y con su filial petroquímica Braskem, un joint-venture con Petrobras, según el cual aceptan pagar una multa de ¡3.500 millones de dólares! por haber conseguido contratos públicos mediante sobornos en una docena de países desde 2001, especialmente de infraestructura.
Más que el hecho en sí, importan su magnitud y, sobre todo, su justificación jurídica: ninguno de los sucesos imputados ocurrió en Estados Unidos, pero la justicia de ese país se declara competente porque el dinero utilizado o resultante de esas prácticas corruptas, de manera directa o indirecta, fue canalizado a través del sistema financiero norteamericano.
Se trata de un nuevo “FIFAgate”, solo que más grande y más relevante, porque el fútbol es una actividad popular, pero privada, mientras que aquí se apunta directamente a la corrupción pública, con gobiernos y políticos involucrados, en este caso principalmente de América Latina, razón fundamentalísima del atraso de nuestras naciones.
La ley en la que se sustenta el procedimiento es el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que data ya de 1977, pero que solo esporádicamente se había aplicado en la práctica. El mayor antecedente había sido una sanción a la alemana Siemens en 2008. Con el FIFAgate primero y con el caso Odebrecht ahora queda claro que eso ha cambiado, seguramente, entre otros motivos, porque hoy la tecnología permite rastrear mejor las operaciones financieras internacionales.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Odebrecht tenía una repartición especial, llamada “División de Operaciones Estructuradas”, que se encargaba específicamente de las coimas y que se reportaba directamente a Marcelo Odebrecht, nieto del fundador de la compañía, actualmente preso en Brasil.
Se mencionan alrededor de 100 proyectos, muchos de ellos sobrefacturados contra los intereses de los Estados contratantes, que Odebrecht y Braskem obtuvieron a cambio de sobornos en diez países latinoamericanos (Paraguay no está en la lista) y dos africanos de habla portuguesa, la mayor parte en el mismo Brasil durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. De hecho, Marcelo Odebrecht acaba de admitir ante la justicia de su país haber pagado sobornos al propio Lula da Silva.
No es necesario ahondar demasiado para comprender las implicancias que esto puede tener para el Paraguay, donde el cohecho, los negociados, el tráfico de influencias, las sobrefacturaciones, las meteóricas fortunas malhabidas han sido la constante en las contrataciones públicas, en directo detrimento del pueblo y de los contribuyentes.
Las corporaciones nacionales y extranjeras tendrán que cuidarse muy bien de pagar coimas a los políticos y funcionarios corruptos, porque cualquier operación internacional de activos que hagan aquellas o estos desde Paraguay deberán necesariamente pasar por un banco corresponsal de Estados Unidos y dejar el rastro correspondiente.
Y quienes ya lo hayan hecho, más les vale poner las barbas en remojo (algunos dirán “bardas”, pero no me voy a meter en esa discusión). Y si no, que les pregunten a los conocidos compatriotas envueltos en el FIFAgate.
Aquello de que Estados Unidos “se cree el policía del mundo” y que no tiene derecho a inmiscuirse me suena a pretexto. Para mí los casos FIFA y Odebrecht son pésimas noticias para los corruptos y excelentes para el resto.
arivarola@abc.com.py