Cuentas claras

Intendentes de dieciséis municipios pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare la inconstitucionalidad de la Ley que crea el Fonacide y su decreto reglamentario, que los obliga a rendir cuentas sobre el uso de los recursos antes de un nuevo desembolso. Siete de estos jefes comunales son del departamento de Cordillera: Ramón Zubizarreta (PLRA), San Bernardino; César Balbuena (PLRA), Santa Elena; Martín Muñoz (PLRA), Atyrá; Gerardo Rojas (ANR), Eusebio Ayala; Jacinto Raúl Peña (PLRA), Emboscada; Luis Vera Cárdenas (ANR), Loma Grande, y Carlos Torres (PLRA), Juan de Mena.

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La mayoría tiene cuestionamientos por mala administración del Fonacide y de otros rubros.

El intendente César Balbuena está imputado por presunta lesión de confianza por un daño de G. 850 millones a la Municipalidad de Santa Elena. Está procesado por irregularidades en la utilización del dinero del Fonacide.

Los recursos de Fonacide de los años 2012 y 2013 transferidos a la Comuna de Atyrá recién comenzaron a ejecutarse en 2014, luego de varias publicaciones de denuncias al respecto. El intendente, Martín Muñoz (PLRA), también fue acusado por supuesta malversación de unos G. 40 millones recibidos de la Entidad Binacional Itaipú para la realización de los corsos ecológicos del año 2013.

En la Municipalidad de San Bernardino utilizaron G. 300 millones de los recursos del Fonacide para gastos corrientes, que incluyen sueldos.

La Contraloría Ciudadana de Emboscada denunció al intendente municipal Jacinto Raúl Peña (PLRA) y a la Junta Municipal por el uso irregular de los recursos de Fonacide y royalties. La denuncia fue radicada en abril de este año en la fiscalía zonal.

Ahora, los jefes comunales –que en su mayoría y con total desparpajo se defienden diciendo que las denuncias forman parte de una “persecución política”– pretenden que la CSJ declare inconstitucionales la ley y el decreto que los obliga a tener aprobada la rendición de cuentas de la plata del Fonacide, para que el Ministerio de Hacienda desembolse los recursos sin meros trámites. Sin temor a equivocarnos podemos asegurar que si consiguen su objetivo tendrían “licencia para robar”, cuando están obligados a rendir cuentas claras.

desire.cabrera@abc.com.py

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