Curuguaty y Lugo

Las generalizaciones en las que caemos algunas veces muchos paraguayos son peligrosas, e incurrimos en ellas porque exigen menos pensamiento que la precisión y el rigor: “El Congreso es una porquería”, por ejemplo, cuando lo verdadero es que la institución “Congreso” es muy buena; pero la precisión y el rigor exigen individualizar a los corruptos que lo usan, y eso acobarda a demasiados.

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Lo anterior viene a cuento sobre la Corte Suprema, donde toman asiento ministros como Luis María Benítez Riera, que deshonran totalmente a la institución, con todos sus parientes conchabados en el Poder Judicial, pero que a veces permite actuar a jueces sobre los que no hay reclamos mayores, como Emiliano Rolón o Cristóbal Sánchez, quienes integraron la Sala Penal que absolvió a los acusados de la masacre de Curuguaty. A Arnaldo Martínez Prieto, el tercer integrante de la Sala, no lo conozco.

En Curuguaty, un 15 de junio de 2012, fueron asesinados 17 paraguayos. Alguien los mató, pero los fiscales que llevaron el caso –Jalil Rachid, Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero– no fueron capaces de probar que las personas a las que acusaron fueron los asesinos. No lo probaron, no contestaron la simple pregunta “quién mató a quién”.

Emiliano Rolón es lapidario en su voto: Ni los fiscales ni los jueces que validaron las condenas que pesaban sobre los acusados pudieron construir una relación causal entre los acusados y los hechos que se les imputan.

Liliana Alcaraz y Nelson Ruiz son fiscales conocidos por desarrollar los casos deseados por el grupo Cartes. Mera coincidencia, seguro. Jalil Rachid fue viceministro de Seguridad de Cartes. No tengo referencias negativas de Leonardi Guerrero, lo que no quiere decir que no las haya, sino que yo no las tengo.

Apoyé el enjuiciamiento político y la destitución de Fernando Lugo el 22 de junio de 2012 porque sostuve entonces y sostengo ahora que no se puede usar la presidencia de la República para desquiciar el Estado de derecho, y que el Artículo 225 de nuestra Constitución opera como un instrumento de confianza que, aunque jamás debería usarse por motivos livianos, no requiere procedimientos judiciales.

José Rodríguez, actualmente vinculado con el grupo Cartes, organizó la ocupación que estaba en curso en Curuguaty aquel junio de 2012. Era el líder de los “carperos” que supuestamente apoyaban a Lugo.

Mi posición al respecto es que Lugo actuaba con lenidad con respecto a los abusos de Rodríguez, ocupaciones cada vez más violentas de propiedades en disputa, en la creencia de que Rodríguez le beneficiaría. Por eso creo hasta este momento que la destitución de Lugo correspondía plenamente.

Notablemente, Rodríguez no fue imputado siquiera por asociación criminal o por instigar la comisión de hechos punibles. 

Pero lo anterior, que es un marco político e institucional, no significa que alguno de los acusados haya asesinado a alguien. Y, de hecho, los fiscales usaron un marco político e institucional parecido para realizar imputaciones genéricas, totalmente prohibidas en nuestro sistema penal, sin relación causal. 

Los fiscales acusaron y los jueces condenaron sin pruebas, lo que ciertamente deja impunes y anónimos a los verdaderos asesinos. Es decir, generaron chivos expiatorios dejando libres a los autores reales.

evp@abc.com.py

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