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Esa conclusión popular ha quedado confirmada científicamente. Una reciente investigación realizada por la Comunidad Europea (OCDE) demuestra que en la última década ha crecido extraordinariamente la violencia, habiendo constatado que se había logrado notable disminución en la segunda mitad del siglo XX.
La investigación ha contado con una muestra de 47.000 personas en 27 países. El 83% de las víctimas de la violencia han encontrado la muerte entre los años 2010 y 2015. Las tasas más altas corresponden a los países de América Central y el Caribe y los afectados son principalmente civiles y por conflictos de orden político o social. “Esta espiral de violencia se corresponde con el aumento de las desigualdades. Según Oxfam, desde el principio del presente siglo la mitad más pobre de la población mundial solo ha recibido el 1% del incremento de la riqueza mundial, mientras que el 50% de esa nueva riqueza mundial ha ido a parar a los bolsillos del 1% de los más ricos. En la actualidad, tan solo ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial más pobres, 3.600 millones de personas”.
Continúo copiando literalmente: “Según la OCDE, instituciones débiles y corruptas, las desigualdades económicas y sociales e incluso las rivalidades por el poder ponen de manifiesto la fragilidad de las instituciones y el origen del crecimiento de la violencia”.
“Y aunque la pobreza no conduce directamente a la violencia, los datos son suficientemente preocupantes para que la sociedad cambie de rumbo y procure un crecimiento más armónico con las personas y el medio ambiente. No es este el mundo que queremos vivir y dejar a las siguientes generaciones”.
La situación socioeconómica en nuestro país se inscribe quizás no exactamente en los mismos porcentajes, pero sí en la misma tendencia de creciente violencia y desequilibrio económico que describen la investigación y el informe de la OCDE.
La buena salud de nuestra macroeconomía beneficia a unos pocos y su derrame no llega a la microeconomía de la mayoría de la población y menos aún a la tercera parte de la ciudadanía que viven en estado de pobreza. No es porque en nuestro país no haya riqueza natural ni riqueza producida, es sencillamente porque el sistema político, el sistema económico y el sistema educativo no posibilitan la justicia distributiva ni la distribución justa de la riqueza.
En la opinión de la mayoría de los ciudadanos nuestros políticos son responsables de la creciente corrupción del país y de la creciente debilidad de las instituciones del Estado. En un porcentaje elevado son responsables de las desigualdades y de las rivalidades en sus luchas esterilizantes por el poder. La imagen que hay de la mayoría de los políticos es que buscan el poder para que se les pague con el dinero del pueblo no para trabajar por y para el bien común, sino para su propio enriquecimiento, algunos incluso robando para sí, sus parientes y prebendarios. El nivel profesional, técnico y ético de la mayoría de nuestros políticos instalados en el poder es lamentable.
Nuestro sistema económico no está en la sociedad postindustrial de la información y el conocimiento y los administradores públicos prefieren tirar miles de millones para la politiquería de los ya casi incontables partidos y movimientos políticos y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en vez de tomarse en serio la creación de fuentes de trabajo, promover la profesionalización y la educación para todos los ciudadanos.
Por su parte, el sistema educativo, en vez de preparar para un mundo vertiginosamente cambiante e innovador en ciencias y tecnologías, sigue con los mismos currículos, con programas obsoletos y metodologías pasivas para estudiantes acelerados. Dice que capacita a los educandos para la vida y los lanza a un mundo agresivo y violento sin ocuparse de ayudarles a desarrollar expresamente las dos energías más poderosas para crear trascendencia personal y vínculos humanos: la afectividad y la espiritualidad.
Política, economía y educación, de espaldas a la realidad.
jmonterotirado@gmail.com