Difícil camino por recorrer

El brutal asesinato del colega Pablo Medina ha desatado un terremoto que está permitiendo conocer detalles nunca antes escuchados y vistos en nuestro país en diferentes ámbitos, y ha desatado las más increíbles explicaciones para sostener argumentos a favor o en contra de diversas posturas. Lo claro y concreto es que de nuevo se confirma que aún nos queda un largo camino por recorrer en materia de institucionalidad.

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Por ejemplo, días atrás se desarrolló un insólito debate entre, nada más y nada menos, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, y uno de los sindicados desde hace tiempo como supuesto narcotraficante, Carlos Rubén Sánchez o Adriano López Bordón, conocido con el alias de “Chicharõ”. En ese cuadrilátero radial se dijeron de todo y tan caliente se puso la discusión que hasta se desafiaron a un “moquete” luego de tratarse de traidores y coimeros.

Chicharõ negó cada una de las acusaciones en su contra y se presentó casi como una víctima, sin saber que días después sería objeto nuevamente de una denuncia, pero esta vez mucho más seria, en el mismo corazón del Poder Legislativo. Es evidente que la Senad hace mucho tiempo manejaba datos y evidencias sobre algunos políticos vinculados a la actividad ilícita. La pregunta que queda por responder es por qué no se impulsaron las investigaciones si existían las pruebas suficientes y se tuvo que esperar un crimen como el de Pablo para impulsar procedimientos. Pese a que Calé intentó minimizar el asunto calificando la denuncia pública en contra de políticos con vínculos con el narcotráfico como un simple refrito de la jerga periodística, el hecho fue histórico y ahora pone contra las cuerdas a la Fiscalía, a la que no le queda otro camino que investigarlos.

Otra historia por rescatar tiene que ver con la decisión de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de presentar el pedido de juicio político a cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): Víctor Núñez, César Garay Zuccolillo, Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac. Los colorados añadieron un pedido: el miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Alberto Ramírez Zambonini. Ni el Presidente de la República ni los titulares de ambos partidos habrán imaginado que encontrarían tamaña oposición en sus filas, una especie de insubordinación a gran escala que a estas horas arroja serias dudas sobre el éxito para alcanzar el cambio en la máxima instancia de la Justicia.

Los argumentos escuchados de los detractores van desde la intención del Presidente de la República y titulares de partidos de ubicar a sus leales con miras a una impunidad hacia el futuro o la presión y la amenaza a cualquiera que se anime a enfrentar al poder de turno; hasta cuestiones más pueriles como enojos porque se trata de una decisión de cúpulas que no fue consultada a las bases, que los colorados solo quieren tomarse venganza con Ramírez Zambonini o que los liberales consideran que su institución no se puede someter a las decisiones de la Junta de Gobierno.

No hay dudas de que las excusas no tienen mayor sustento y se puede suponer que aquellos que quieren cambios en la Corte solo buscan saciar apetencias personales, así como aquellos que no lo quieren desean seguir con la desastrosa justicia que tenemos. Es decir, tenemos dudas de los que puedan venir, pero tenemos certeza de que aquello que existe no es bueno. ¿Qué es peor?

Los hechos solo vienen a confirmar lo que ya sabemos: No existe confianza en la clase política y en las autoridades actuales y no confiamos en el camino que señalan hoy las normas positivas para los cambios de esta naturaleza. ¿Es un problema de hombres, es un problema de leyes o es un problema de las instituciones?

Aquí valdría la pena preguntarnos sobre cuáles son los verdaderos motivos que impulsan a los políticos a oponerse a un eventual cambio, si están las leyes y el camino institucional a seguir para ubicar en esos cargos a los mejores. Para asegurar este proceso, en caso de prosperar, será fundamental la presión de la ciudadanía. Y esta sigue somnolienta.

rsosa@abc.com.py

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