Luego de la caída de la dictadura en 1989 se registraron dos cambios fundamentales en el sistema electoral paraguayo. Para la elección de los cuerpos colegiados regía el sistema de mayoría, según el cual el partido que ganaba las elecciones se quedaba con dos tercios de las bancas, y el resto de un tercio se repartían entre los partidos de la minoría.
Este sistema fue cambiado por el de representación proporcional, que significa que cada partido se queda con la cantidad de bancas que representa el porcentaje de votos obtenidos, mientras que la ubicación de los elegidos quedó a cargo de otros sistema conocido como D’Hondt. Además, fue dejado de lado el sistema de elección de candidatos por el sistema de intermediarios (los convencionales elegían a los candidatos de los partidos) para establecer el voto directo, es decir que los electores elijan directamente a sus representantes.
Estos cambios están registrados en la Constitución que rige desde el año 1992 y solo fueron respetados el sistema de representación proporcional y D’Hondt, no así el voto directo, ya que, como es conocido por todos, hoy los electores no eligen directamente, sino deben conformarse con “elegir” a personas que ni siquiera conocen y que previamente fueron seleccionadas por los “dueños” de los partidos y movimientos partidarios, pero cubiertos con una sábana para que no se sepa de sus antecedentes.
En veinte años de una deliberada mala aplicación del sistema de representación proporcional y de votación directa solo se consiguió una pálida participación ciudadana y una pésima representación política. Producto de esta fallida aplicación de la Constitución es la creación de una intermediación política tan poderosa que llegó a someter totalmente a sus designios a la propia Justicia Electoral, la cual recibe de las cúpulas políticas la orientación para afrontar situaciones críticas.
Nunca está de más repetir: la Constitución establece que el sistema electoral es de representación proporcional y voto directo, pero los políticos –muchos de ellos, creadores de la Carta Magna– la incumplieron al aprobar el Código Electoral donde el voto, en vez de directo, se convierte en indirecto con la obligatoriedad de inscribir listas de candidatos completas y bloqueadas.
La fuente de la mala calidad de nuestra representación política, de la mala calidad de nuestra democracia y por consiguiente de mala calidad de las decisiones y gestiones políticas, y de las propias políticas públicas está en las listas sábana. ¿Por qué se las denomina así? Porque en sentido figurado los “dueños” de partidos y movimientos muestran solamente las cabezas de las listas de candidatos, y el resto las cubre con sábanas, tapando con ellas las trapisondas, corruptelas y otros malos antecedentes de los elegidos.
La demanda ciudadana está hecha. Se la presentó de buena forma, con pedidos, debates, proyectos, lobby, etc. Se la presentó de otra forma con manifestaciones protestas, repudios y escraches. La respuesta fue una tomadura de pelo con la aprobación de una ley de derogación de las listas sábana y la aprobación de una ley de desbloqueo, que después de un tiempo fue derogada.
En otras palabras, nos tomaron el pelo. Continuamos votando inclusive por quienes ni siquiera conocemos, y ellos, en nombre de todos nosotros hacen cosas que ni siquiera nos imaginamos, porque entre ellos existe un riguroso código de protección y defensa, especialmente para las cuestiones ilegales. ¿Hasta cuándo?
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