Economía al freezer

Dicen los economistas que nunca es un peor momento para aumentar los tributos que cuando la economía está en crisis, como de hecho es lo que está ocurriendo actualmente. El paraje se percibe en todos los sectores; desde lo macro a lo micro. Incluso las páginas de los diarios han disminuido, no como efecto de la reducción del plantel de periodistas, que no es el caso, o al menos no en todos, sino de la venta de publicidad que está afectando a todos los medios de comunicación.

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Señalan los expertos que aumentar los impuestos en medio de una recesión enfría aún más la economía.

Si las ventas disminuyen para los anunciantes, su inversión en publicidad también. Al menos ese siempre ha sido el paso siguiente lógico. Aunque la versión oficial pueda ser otra, siempre hay indicadores, como el mencionado, que permiten dilucidar la situación real de la economía, en vista de que el sinceramiento no viene del gobierno.

Por un lado está la crisis, que asumida o no, es percibida por el ciudadano y eso es lo que verdaderamente cuenta.

Como segundo elemento, la no disminución del gasto público. Es decir, la ciudadanía se ajusta los cinturones, pero el Estado no, y no me refiero a inversión en infraestructura que sí es necesaria en épocas de crisis, justamente para asegurar al menos algo de circulante, sino al despilfarro que sigue habiendo en todas las instituciones públicas, como casi a diario nos enteramos a través de los medios.

Por último, los tributos, pero, ¿cuáles? ¿Si las alícuotas del impuesto al valor agregado (IVA) y los impuestos a la renta no han aumentado? Es verdad, al menos no por ahora. Pero si hablamos de tributos también hay que referirse inevitablemente a las tasas que también forman parte de su universo y son ellas las que fueron noticia la semana pasada.

Por un lado, una tasa establecida por decreto para cobrar por la inscripción ante el Registro de Profesionales de Servicios (REPSE), cuando todos los tributos deben necesariamente crearse por ley.

Por el otro, la entrada en vigencia en poco tiempo de una disposición municipal que obliga a todos los contribuyentes de Asunción a pagar por el estacionamiento tarifado, incluso frente a sus propias viviendas, si estas están en el centro capitalino. Hasta ahora, la dispensa del pago por estacionamiento era el único beneficio que tenía el asunceno al pagar su patente en el municipio, cuyo monto es muy superior al que se cobra en las demás comunas.

Finalmente, ya no una tasa, sino un impuesto: el temerario anuncio de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) de que “volverán a analizar la finalidad recaudadora del impuesto a la renta personal (IRP)”, es decir, si le permiten o no a los contribuyentes deducir o descontar todos sus gastos a los efectos de la liquidación del impuesto.

A priori, estos anuncios aparecen como medidas desconectadas entre sí, y como decisiones emanadas por diferentes órganos, pero todas impactarán directamente en el bolsillo del ciudadano, en un momento en que el horno no está para bollos.

Así como las decisiones políticas impactan en la economía, las medidas económicas pueden tener graves consecuencias políticas. Nada es más peligroso para un gobierno que una ciudadanía unánimemente descontenta y que se sabe avasallada por medidas recaudatorias que van a contramano con el ciclo económico actual.

pcarro@abc.com.py

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