El crimen organizado

El pasado sábado 15 de febrero un oficial de Policía le disparó a su pareja, también policía y embarazada de 6 meses, aparentemente por cuestiones de celos. Ocurrió en San Lorenzo. El mismo policía ya tuvo otro lío en agosto del año pasado cuando mató de un balazo a un hincha olimpista dentro de un colectivo que circulaba por la ciudad de Fernando de la Mora. Esa vez el policía resultó con heridas, y tras recuperarse de sus lesiones, también recuperó el cargo policial que tenía. Cuando leí la noticia no pude asimilar que el uniformado formaba parte de una unidad que tiene la Policía Nacional denominada “Sección Crimen Organizado”.

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Nunca pude notar tanta incoherencia entre la Policía y el Crimen Organizado y tanta coherencia entre el Crimen Organizado y la Policía. ¿No será esta sección de la Policía Nacional la agente causal de la tanta gente policial mixturada con la corrupción generalizada y con los hechos delictivos tan organizados? Nunca supe de esta Sección del Crimen Organizado. ¿Hay otra Sección del Crimen Desorganizado?

Una situación que pisa lo criminal y que tiene una orquestación muy bien organizada es la que tiene relación con la producción sojera en el Paraguay. Seguimos cuestionando a la soja a pesar de ser el germen de buenos ingresos para el país, junto a la carne vacuna y sus derivados. Aunque estoy totalmente en contra de los que siguen deforestando para que el otrora sitio de los árboles sea ocupado por la soja, acá toda la culpa se la quiere echar a la soja. Nadie recuerda al Fonacide como gran fuente de divisas bien divididas entre unos cuantos vivos.

El crimen sojero organizado está encabezado por unos parlamentarios que incitan a que se quemen cultivos y máquinas agrícolas, por algunas ONGs y por los que ocupan la “trinchera ideológica”, como dice el ministro Jorge Gattini.

Los sojeros son la peste en este país, pero nadie recuerda que también son cultivadores de maíz, de trigo, de la siembra directa, de las buenas prácticas agrícolas, de la canola, de abonos verdes, de las cadenas productivas y del girasol. Nomás hace falta un ordenamiento territorial y adecuar el impuesto para paliar el daño que se le hace al Paraguay productivo y no salir con el cuento de que la soja es criminal como pregona la gente adoctrinada y algunos parlamentarios que buscan el rekutu con el populismo y la mentira.

Desde el mismo Parlamento se decide la entrega de tierras. En el asentamiento “Chino’i” de Itakyry en el Alto Paraná, fueron ubicadas 36 familias paraguayas en las 514 hectáreas que el Estado les compró. Esas tierras están alquiladas y cultivadas de soja por colonos brasiguayos y los 36 “agricultores paraguayos”, muy contrarios a la sojización, reciben unos 350.000 kilos de granos de soja (por el pago de 700 kilos de soja por hectárea). Si calculamos en US$ 500 por cada tonelada de soja, los “agricultores” perciben unos US$ 175.000, casi 800 millones de guaraníes/año con cada cosecha.

Cada jefe de las 36 familias recibe unos 20 millones G./año sin hacer absolutamente nada. En realidad miento porque se pasan jugando al vóley todo el día. No cultivan ellos mismos porque es mejor estar en contra de la soja y propiciar el “que trabajen los enfermos”. Solo cultivan la haraganería y cosechan buenos millones.

Entre los Aché de Puerto Barra no hay enfermos ni contaminación con sus 300 hectáreas de soja y se aprestan a recibir más de 500 millones de guaraníes. Un componente de esta parcialidad está por recibirse de ingeniero agrónomo y otro de abogado, quienes podrían ser mejores y exitosos parlamentarios en vez de algunos de nuestros mediocres, populistas e improductivos legisladores.

Es probable que la materia pendiente sea el ponernos de acuerdo con todo el verso que se dice de la soja, pero en lo que hace a su crimen organizado, como la Policía, somos unos versados.

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