El fiscal general que nos conviene a todos

La fiscala Sandra Quiñónez es la elegida del Poder Ejecutivo para la titularidad del Ministerio Público de una terna dispuesta por indicación del Ejecutivo. El actual fiscal general Javier Díaz Verón tiene el plazo vencido, pero si no hay acuerdo para elegir a su reemplazante es casi seguro que continúe hasta que el Presidente de la República culmine su mandato.

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A las dos alternativas se opone la visión del senador Miguel A. Saguier para quien resulta inviable la figura de la reconducción tácita, que significa que el titular cuyo plazo fenece puede continuar hasta tanto se nombre al reemplazante. Según esta alternativa, Díaz Verón ya es un usurpador y debería reemplazarlo un segundo en la escala de conducción, un fiscal adjunto.

De hecho Díaz Verón ya lleva un año de más en la Fiscalía General y podría continuar irregularmente por lo menos hasta que exista una nueva mayoría en el Senado, la que tendría lugar solo después de las próximas elecciones de abril del 2018. De ahí que al presidente Cartes le da igual que el Senado rechace o confirme a Sandra Quiñónez.

Si la rechazan, se queda con Díaz Verón que ha demostrado ser funcional al cartismo. Si aceptan a Quiñónez, gana doble porque además de continuar con una aliada siendo presidente, tendrá la espalda cubierta cuando se retire de la presidencia de la República.

Esto explica por qué el Senado rechaza a Sandra Quiñónez, que a pesar de conformar a muchos sectores, no cuenta con los votos necesarios para ser confirmada. Una mayoría coyuntural en el Senado es adversaria del cartismo, cuyo eventual voto favorable a la fiscala seleccionada de la terna significaría un triunfo personal de Cartes, lo cual lejos están de otorgarlo y menos aún en un encarnizado ambiente electoral.

En otras palabras, hay un interés personal del presidente Cartes de contar con un fiscal general a la medida y en el mejor de los casos, inclusive después de que abandone el poder. Si lograra la confirmación de Quiñónez contaría con una doble protección: cobertura fiscal, más cobertura de fueros. Por otro lado, hay un interés grupal y plural en el Senado de poner fin a ese interés personal del Presidente.

De hecho la integridad institucional ya fue quebrantada al no cambiar o confirmar al actual fiscal general. Queda el deber de poner por delante el interés de la sociedad de comenzar con el Ministerio Público una barrida general contra la corrupción que roba el dinero del pueblo, y contra la delincuencia organizada que pone en zozobra a la población.

¿Alguien podría ocuparse del asunto de la fiscalía desde estos puntos de vista, para que la república del Paraguay cuente con un fiscal/a conveniente a los intereses ciudadanos y no a los de unos cuantos políticos solamente?

ebritez@abc.com.py

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