El Senado debe reivindicarse

La Cámara de Senadores tiene este jueves la magnífica oportunidad de reivindicarse ante la ciudadanía trabajadora cuando trate el proyecto de derogación de la Ley N° 5074/13, que autoriza a las entidades previsionales oficiales a financiar ciertas obras y servicios públicos, con garantía de las reservas internacionales del Banco Central del Paraguay.

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Este proyecto tuvo su origen en marzo de 2013 en Diputados, siendo aprobado por esa Cámara el 19 de junio. En el Senado el proyecto fue estudiado por las comisiones respectivas, que aconsejaron el rechazo precisamente porque el Ministerio de Hacienda del actual gobierno remitió un informe técnico, que no consideraba recomendable usar los recursos del ahorro previsional en la financiación de las obras públicas porque “generaría un elevado riesgo” sobre la seguridad y el retorno de dichos recursos.

A esta recomendación, Hacienda le agrega que la utilización de las reservas internacionales para otros fines diferentes a los objetivos de la política monetaria y financiera tendría efectos negativos en la economía nacional. En otra parte, dicha cartera de Estado les informa a los senadores que justamente la Ley de Alianza Público-Privada (en esos momentos en estudio legislativo) pretende ser el marco legal para la ejecución de obras.

La situación se complicó porque, por desidia de la mayoría de los senadores, el proyecto de ley tuvo sanción automática sin que el plenario llegue a discutir públicamente este planteamiento. El Ejecutivo primeramente vetó y días después (el 23 de octubre de 2013) promulgó la ley, ignorando completamente las recomendaciones de Hacienda.

Y es esa desidia la que deben corregir los senadores. Quienes creen en el “nuevo rumbo” hubiesen rechazado el proyecto de ley porque el Ministerio de Hacienda se oponía. Cartes no se iba a enojar porque al final de cuentas iban a seguir al pie de la letra la recomendación oficial.

Los opositores con más razón iban a alzar la mano por el rechazo porque no se le puede dar semejante potestad al gobierno adversario y castigarle de paso a la ciudadanía aportante y beneficiada de los fondos de pensiones, fondos mutuos y fondos previsionales nacionales, entre ellos el Instituto de Previsión Social (IPS).

Esta ley puede calificarse de traición a la patria porque expone a los asegurados y a la economía nacional a cubrir pérdidas emergentes, desviándose de sus fines. No olvidemos que el IPS, por ejemplo, otorgó durante el gobierno de Wasmosy préstamos directos a 17 empresas privadas por valor de US$ 46 millones de los cuales solo recuperó US$ 18 millones.

No esperemos que el día de mañana al asegurado de IPS o viuda se le diga que no podrá cobrar su jubilación y que venga el próximo mes porque se utilizó para una ruta o construcción de un puente. Si no corregimos al “nuevo rumbo”, ya sabremos qué nos espera en el futuro.

pguerrero@abc.com.py

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