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Hay una larga lista de funcionarios que, por acción u omisión, son cómplices de los ladrones de fondos públicos y de los violadores de la Constitución Nacional y de múltiples leyes. Empecemos por el agente de tránsito que, tras parar a un automovilista por haber cruzado el semáforo en rojo, “se olvida” de aplicar la multa a cambio de algunos billetes.
En la misma línea anterior, a lo largo y ancho del país, hay policías, vistas de aduana, fiscalizadores de Senacsa, de la Seam, de la Senad, del Detave, etc., que habitualmente se dejan sobornar por toda clase de contrabandistas y mercaderes de productos ilegales.
Cuando existen denuncias de hechos ilícitos, la policía pone los casos a conocimiento de los fiscales y jueces. En esta instancia, los expedientes se mueven si hay alguna autoridad interesada o se acerca el poderoso caballero don dinero; de lo contrario, las semanas y meses pasarán, en tanto los cajones de fiscales y jueces continuarán cerrados. La “justicia pronta y barata” casi siempre está de vacaciones.
La complicidad en el silencio se hace notar más en ambas cámaras del Congreso. En Diputados y en el Senado hay varios legisladores denunciados ante la justicia por acciones ilegales y unos pocos jueces hasta se animaron a pedir el desafuero en ciertos casos, pero el espíritu corporativista funciona como un reloj suizo y entre los bomberos no se pisan las mangueras, salvo contadísimas excepciones.
En el reciente polémico caso de pedido de pérdida de investidura del diputado José María Ibáñez, ganó por goleada el “por la abstención” y por ello no se obtuvo el número mínimo de votos para la destitución. Sin querer asumir su cobardía, los “abstencionistas” se delataron públicamente como cómplices del ladrón confeso.
Hay muchísimos casos de denuncias bien fundadas contra autoridades de los tres poderes del Estado que duermen no el sueño de los justos sino el silencio de los cómplices cobardes. En este limbo jurídico de los injusticiables se encuentran mezclados políticos de todos los partidos aunque, lógicamente, los más numerosos pertenecen a las dos nucleaciones tradicionales: la ANR y el PLRA.
Gracias a la iniciativa de miles de ciudadanos, especialmente los jóvenes estudiantes, esta paz de los cementerios de los sinvergüenzas y sus cómplices se está acabando. Ibáñez ya rajó y la batería popular apunta ahora a González Daher y hay otros legisladores en la mira. Las manifestaciones, los cantos, las sentatas, las pintatas y los huevazos exteriorizan el repudio ciudadano. Si los malos de la película van cayendo, sus cómplices deben poner las barbas en remojo.
La omisión de auxilio a los principios democráticos también debe ser castigada con alguna pena, además del repudio popular.
ilde@abc.com.py