Cargando...
En los últimos años, se ha relativizado de forma alarmante la importancia de las prácticas y de la convivencia democráticas. El resultado es que muchas personas tienden a creer que la institucionalidad está del lado de quien tiene la fuerza y no la razón o los argumentos correctos.
El gobierno actual se jacta de transparente por poner en vigencia una ley que obliga a las instituciones públicas a publicar en sus páginas web la nómina de sus empleados y sus salarios y porque, supuestamente, quienes quieran incorporarse a la función pública deben pasar por un concurso de oposición.
Sin embargo, Cartes, que está al frente del gobierno, casi no se comunica con la ciudadanía y hace años no da lugar a consultas sobre temas de interés público, al no exponerse nunca ante los medios de comunicación.
Se habla de concursos obligatorios, pero un ministro dijo públicamente a los seguidores del partido de gobierno que el Ejecutivo siempre les dará un “empujoncito” de ayuda para obtener cargos a sus correligionarios.
El Gobierno sigue utilizando además las entidades binacionales y otras instituciones como espacio para dar cargos con altos salarios a amigos, al tiempo de destituir o trasladar, en esta época electoral, a quienes no hagan votos de fidelidad al candidato oficialista.
Se hace también una exhibición pública de arbitrariedad, autoritarismo e impunidad sin ningún pudor. El Ejecutivo, a cuyo cargo está la seguridad ciudadana, reclamó públicamente a fiscales imputar a los sospechosos de incendiar el Congreso, pero nada dijo sobre el asesinato por parte de la Policía de un joven dirigente de la oposición dentro del local partidario.
El oficialismo, con el respaldo de algunos sectores de la oposición y forzando más allá del límite los mecanismos constitucionales, procede al copamiento de organismos que deben nombrar a funcionarios claves, como el fiscal general del Estado, por poner un ejemplo.
El presidente lleva al candidato oficialista a actividades de gobierno en los que se inauguran obras o se entregan beneficios a la gente, confundiendo intereses nacionales y partidarios.
Estas prácticas nos retrotraen a épocas en que la gente se acostumbró a que quien ejerce el poder tiene permitido hacer lo que quiere.
Posiblemente, no cabía esperar otra conducta de alguien que antes de afiliarse, a los 53 años, al Partido Colorado para ser candidato, nunca había considerado importante una cuestión tan elemental para la vida cívica como es elegir autoridades en elecciones o preocuparse del funcionamiento de las instituciones del Estado mientras no se vinculara a sus intereses económicos. Ni hablar de tener alguna intención de formarse o conocer algunas cuestiones básicas sobre el papel del Estado en las vida de los ciudadanos.
A poco menos de un año de terminar su gestión, es evidente que el lema que guia las acciones del mandatario y su equipo es que el fin justifica los medios y, si hay que comprar a alguien, se lo compra y, si hay que forzar alguna ley o institución, se lo hace y a otra cosa.
Luchar contra esta práctica que se ha instado desde hace varios lustros y retomar el camino del respeto a la institucionalidad y los mecanismos legales y constitucionales no será fácil y precisará de un liderazgo honesto y decidido. No hacer nada al respecto resultará a la larga mucho más grave y puede conducirnos a situaciones que, con seguridad, habremos de lamentar.
mcaceres@abc.com.py