Enmienda de sangre

A dieciséis días de la dramática muerte del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, dos cosas son claras. Una, que hubo una orden superior del gobierno para arremeter a mansalva contra los manifestantes del 31M que estaban en la plaza expresando su descontento hacia la enmienda pro reelección de Horacio Cartes y el asalto a la sede del PLRA.

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Dos, que para despegarse del escándalo de haber propiciado un escenario similar a una guerra civil en pleno siglo XXI, no dan la cara y tiran la culpa a quien se les cruce en el camino, mostrando videos y montando conspiraciones que se hacen humo ante la evidencia de los  medios de comunicación que registraron los hechos. 

En un país medianamente serio, estos hechos como mínimo presupondrían la renuncia del presidente ante la imposibilidad de sostener el Estado de derecho, principio fundamental de las democracias sólidas. Pero la “culpa”, por así decirlo, la comparte también la oposición, que no ha tenido la capacidad de reacción para impulsar un juicio político en contra de Cartes, principal responsable de este desmadre que nos ha puesto en la vidriera internacional confirmando nuestro estatus de país bananero. 

Ante la evidencia de un fallecido, 200 apresamientos ilegales y en condiciones infrahumanas, cientos de heridos, denuncias de secuestros extorsivos por parte de la policía, 23 periodistas heridos y contusos a consecuencia de la brutalidad policial, Cartes y su entorno responsabilizan a la prensa y a la oposición de estos incidentes. A saber, quien maneja la fuerza pública es el Gobierno, la Policía Nacional cumple órdenes de alguien quien no es precisamente el dueño de un micrófono o el responsable de teclear las noticias. 

No es alarmista pensar en una eventual guerra civil, como lo advierte la Iglesia Católica, a través de Monseñor Edmundo Valenzuela. Más aún si el entorno de Cartes y todo aquel que busque algún tipo de rédito de esta situación, declara, como la senadora Lilian Samaniego que la culpa no es del presidente sino de los propios liberales. Y aunque sabemos que no es así, ese argumento abona la teoría de la inutilidad del presidente para gobernar y manejar la fuerza pública. 

Los colorados y los luguistas pueden repetir hasta el cansancio el panfleto del complot mediático. Sin embargo, eso no tapará el hecho de que la aprobación irregular de una enmienda por parte de 25 parlamentarios, en este caso senadores, propició que la gente saliera a las calles. Tampoco tapará el hecho de la violenta represión, innecesaria por cierto, de los manifestantes por parte de la policía antimotines. 

En su burdo intento por aparecer como víctimas, Cartes y su entorno no solamente buscan urdir argumentos inverosímiles y exóticos. También han manchado de sangre la Constitución Nacional y, aunque logren el rekutu a costa de la vida y la humanidad del pueblo, su proyecto de enmienda tiene en sus páginas sangre inocente.

mescurra@abc.com.py

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