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Planteado así el problema, los campesinos no tienen razón valedera para sostener su pedido. Pero está la otra cuestión: ¿Son esas las deudas? ¿Por esos artículos los contribuyentes deben pagar?
En este punto cabe recordar que los Gobiernos –el actual y los anteriores– entusiasman a los agricultores en determinados rubros agrícolas ante la posibilidad de un buen rendimiento económico. Cuando llega la cosecha resulta que los precios están por el suelo, o no hay mercado, pero la pérdida se carga al productor. En este y parecidos casos, es injusto que la responsabilidad se transfiera al agricultor mientras que los funcionarios se desentienden del caso con entera impunidad.
De vez en vez aparece el anuncio de las grandes campañas agrícolas que el Gobierno lleva adelante para beneficiar “a nuestros sufridos agricultores que son el sustento económico del país”. Y junto con la campaña, astronómicas sumas de dinero “para sustentar el programa”.
El dinero se libera en su totalidad, pero al productor solo le llega –si le alcanza– una mínima parte. Por culpa de una colosal corrupción, gran parte de nuestros agricultores viven al borde de la miseria o en la miseria misma. Son tenidos en cuenta solo en el transcurso de una campaña política con fabulosas promesas. Terminadas las elecciones, gane quien gane, nadie se acuerda de sus compromisos.
Tendemos mucho a culpar a los campesinos de tropezar con la misma piedra. O sea, por la misma situación que se les presenta cada cinco años en punto. ¿Son culpables? No. Son víctimas de la antigua política de tenerlos en la marginación educativa y cultural para que prosperen los cínicos, los inescrupulosos, los corruptos. Sin la clientela segura de tales campesinos, hoy ya no tendríamos, o lo tendríamos escasamente, a quienes nos gobiernan desde los Poderes del Estado.
¿Molesta la presencia –para muchos, prepotencia– de los campesinos en las calles asuncenas? Claro que molesta, fastidia, exaspera. ¿Pero qué pueden hacer para que nos demos cuenta de que existen?
Se pidió en todos los tonos la intervención de la fiscalía para que ordene a las fuerzas policiales a liberar el tránsito. Una intervención policial supone, en la mayoría de los casos, actos violentos. ¿Vamos a llenar los hospitales de heridos? ¿Vamos a tener que lamentar una o más muertes?
Se dice que las exigencias de los manifestantes son abultadas por incluir deudas que nada tienen que ver con las labores agrícolas. De ser así, no correspondería que se les condonase. Pero sería justo tener en cuenta aquellas deudas que se originaron en los fracasos nacidos del mismo Gobierno con campañas engañosas o nacidas de los malos cálculos.
Como parte de un acuerdo –antes de la decisión tomada por el Senado el jueves– el Gobierno ofreció a los campesinos la suma de 27.000 millones de guaraníes para la compra de insumos. Una suma muy pequeña frente al robo al Estado por parte de un grupo que cuenta a dos exministros de Agricultura, Enzo Cardozo y Rodi Godoy, más una veintena de funcionarios y dirigentes de una supuesta federación de horticultores. Solo en un caso, desaparecieron 68.000 millones de guaraníes; en otro, 35.000 millones; en otro, 3.700 millones. En total unos 20 millones de dólares. Y nada, los expedientes están en la Corte Suprema de Justicia, el lugar más seguro para la impunidad cuando se trata de políticos con algún peso.
El problema no son los campesinos, sino los problemas de los campesinos originados en la corrupción.