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09 de Setiembre de 2018

 

Euforia de cocaína

Por Enrique Vargas Peña

La razón única por la que los caciques de todas las organizaciones políticas, los jefes de los movimientos internos de cada una de ellas, boicotean y seguirán boicoteando una ley de financiamiento político que establezca la trazabilidad de aportes en las elecciones internas es que con esos aportes se han convertido, todos, en millonarios.

Nuestra actual Ley de Financiamiento Político, la 4743, dice en su artículo 2 que “Esta ley es aplicable a…b) Las campañas electorales internas de los partidos políticos…”. Los tramposos que dirigen la política paraguaya, sin embargo, en el artículo 64 establecieron que “No será necesaria la contabilización de los gastos en que incurrieron los candidatos en elecciones internas”.

Hicieron lo anterior porque cualquier párvulo sabe que la plata gruesa, el chorro real, es el que se aporta a las internas. Los sinvergüenzas protegieron así su negocio verdadero, la fuente de sus millones.

La trazabilidad simplemente es establecer en el artículo 64 de la ley 4743 la obligatoriedad de que los caciques políticos y los que ellos eligen a dedo para integrar las listas sábana que competirán en las internas muestren sus cuentas, sus intereses vinculados y los recibos de dinero y las facturas de origen.

Ahí sirve de ejemplo el caso del diputado Ulises Quintana, de Colorado Añetete de Alto Paraná, financiado con narcodinero, como admitió ya públicamente después de que se confirmaran los aportes que le realizó el ahora procesado Cucho Cabaña.

Si los sinvergüenzas que lideran nuestra política estuvieran sometidos a la trazabilidad, todas las cuentas de Ulises Quintana y la de sus intereses vinculados (familiares, socios comerciales, prestanombres) quedarían, desde que inscribe su candidatura, bajo vigilancia especial y monitoreo permanente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Secretaría de Estado de Tributación (SET), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio Público (Fiscalía).

Para esto es la “Declaración jurada de intereses” que le solicité a la diputada Rocío Vallejo, inspirada en la ley mexicana del mismo nombre, que obligaría a toda persona que inscriba candidaturas a declarar en forma pública quiénes son sus familiares, sus amigos y sus socios.

Si en la “Declaración de intereses” no obran nombres de aportantes, la candidatura se inhabilita ipso facto.

Todo movimiento de las cuentas de Ulises Quintana y de las personas registradas en su declaración de intereses estaría bajo vigilancia y, en consecuencia, los aportes de Cucho Cabaña tomarían estado público.

Cabaña quedaría obligado a exhibir la factura del aporte, y Seprelad y la SET podrían indagar sobre el origen del dinero (trazabilidad). Si Cucho Cabaña no puede justificar el origen del dinero en operaciones comerciales legales, quedaría automáticamente inhabilitada la candidatura de Quintana y habilitado el procesamiento penal de Cabaña.

Nada de lo anterior es invento. Todas las figuras de seguimiento de cuentas ya figuran en otras leyes paraguayas, pero fueron excluidas de la ley de financiamiento político porque los caciques son unos sinvergüenzas.

Los caciques prefieren seguir metiendo narcodiputados y narcosenadores al Congreso, vendiéndoles bancas en sus listas sábana, antes que perder esta fuente de plata dulce y negra y con euforia de cocaína.

evp@abc.com.py

 
 

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