¿Gobernaciones autónomas?

Cierta modalidad de descentralización financiera que ahora invocan los gobernadores para el manejo autónomo de los recursos económicos que les asigna el presupuesto nacional coloca bajo la lupa un tema polémico, complejo y con aplicaciones prácticas bastante disímiles en diversos países. Por nuestras características geográficas, históricas, culturales y socioeconómicas es probable que la descentralización no sea el sistema de gobierno más adecuado para el Paraguay.

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En la teoría de la ciencia política, la descentralización es un concepto interesante y, ciertamente, puede enriquecer los beneficios de la democracia como sistema de gobierno. Su principio es que el poder decisorio e incluso la potestad legislativa estén ubicados en las bases de la escala jerárquica del sistema político, lo más cerca posible de sus destinatarios finales, los ciudadanos cuya activa participación se espera. El gobierno central cede algunas de sus competencias básicas a los gobiernos regionales.

El gobernador de Itapúa y presidente del Consejo de Gobernadores, Luis Gneiting, encabezó el reclamo de que las instancias de conducción política del interior sean las que administren directamente la totalidad de los fondos pautados en el presupuesto. Dijo Gneiting: “Nadie conoce mejor su zona que los gobernadores e intendentes. Los gobernadores no queremos ser simples floreros en nuestros departamentos, queremos ser un brazo ejecutor del gobierno nacional y ser facilitadores para nuestra comunidad, en todos sus escenarios”.

Los gobernadores exigen que el Ministerio de Hacienda les transfiera, según establece la ley, el 15% del IVA y G. 25.000 millones para almuerzo escolar.

El tema es difícil y delicado de abordar porque constitucionalmente somos una República unitaria y no un Estado federado. Nuestro país es muy pequeño y no podemos compararnos con naciones como Brasil, Argentina o EE.UU., que tienen regímenes federales pero geográficamente son muy extensas.

La descentralización podría generar entre nosotros un desarrollo desigual e inequitativo, con regiones ricas y zonas pobres, disminuyendo aún más la presencia del Estado en la asistencia a la población de escasos recursos.

La autonomía de los departamentos favorece la conformación de élites locales con intereses particulares, que pueden atentar contra el bienestar de la sociedad. En Argentina tenemos ejemplos de familias que monopolizan el poder político y económico en las provincias.

Otra arista a tener en cuenta es el nivel de la corrupción vigente en nuestro Gobierno centralizado. Si existen tantos casos de negociados ilícitos a costillas de un fisco administrado por un solo Poder Ejecutivo, ¿no es acaso previsible que la corrupción aumente en tamaño y cantidad con múltiples administraciones autónomas en todo el país?

Tenemos que ir despacio en este tema. Gradualmente, quizás podemos ir adoptando alguna modalidad de descentralización, pero previendo siempre que el remedio no sea peor que la enfermedad.

ilde@abc.com.py

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