En las democracias más desarrolladas los privilegios exagerados no se justifican; son motivos de desigualdad que a su vez causan malestar ciudadano. En algunos países, como el nuestro, los privilegios no son exclusivos de los políticos. Comparen los ingresos de directores, consejeros y jefes de Itaipú y Yacyretá y encontrarán que casi todos ellos ganan más que el Presidente de la República.
A mayor privilegio político y burocrático, menor democracia. Mucho menos democracia cuando esos privilegios son autorizados por los propios interesados, como en el caso de nuestros legisladores, de quienes copian luego los ordenadores de gastos de la función pública y los sindicatos de funcionarios públicos. Todos ellos se autoasignan privilegios impúdicamente y cuando se trata de estos beneficios no existe oficialismo y oposición, no hay casi voto en contra.
En internet es recurrente la cita al informe sobre las condiciones en que se desenvuelve la clase política sueca, donde el primer ministro se planchaba la ropa (no sé el actual) y los diputados ganaban cinco años atrás menos del doble del salario medio, además de dormir (los que viven a más de 50 km de la capital) en pequeños departamentos de 40 m² sin empleados y con lavandería comunitaria. Tampoco tienen secretarias.
Claro, estamos hablando de un país donde la gente común contribuye con el 25% del IVA y a los que más ingresan se les descuenta el 32% en concepto de impuesto a la renta personal. Lógicamente esto hace que el ciudadano común tolere menos los privilegios y se convierta en el más exigente agente de control del gasto público.
Pero convengamos que la premisa: a mayor privilegio corresponde menor democracia se vuelve inmoral cuando los beneficiarios de tales privilegios son quienes crearon las normas que establece el “derecho”, ubicándose en una categoría superior frente al común de la gente y burlando el principio constitucional de ser iguales ante la ley.
Necesitamos mayor control social sobre el funcionamiento de nuestra democracia. La ciudadanía se muestra muy complaciente con sus representantes y muy exigente con quienes se arriman a la política en busca de renovación de figuras y de oxigenación de los mecanismos de representación, además de ser indiferentes a los cuestionamientos de quienes acceden a los cargos.
Los legisladores cuentan con fueros, reciben buena paga, se les pagan asesores, viático para combustible, tienen seguro médico de primer mundo, tienen jubilación aunque hayan sido elegidos por un solo período, llevan abultados viáticos a sus viajes, tienen secretarias, secretarios, operadores y parientes en la función pública, además de no tener la responsabilidad de rendir cuentas a sus representados.
Previendo la posibilidad del uso indebido de su investidura, la Constitución contempló la destitución de los legisladores, tal como ocurrió con González Daher, que se vio envuelto en el escándalo de los audios, a través de los cuales se supo cómo abusó de su investidura parlamentaria.
Ahora que sancionaron una ley para autoblindarse ante esa posibilidad de perder el cargo, se convirtieron de privilegiados en intocables. Ni los puede perseguir la justicia, como al común de los mortales, ni se los puede dejar sin investidura. ¿Qué más? Creo que ya lo tienen todo, aunque no sería raro que dentro de poco volvamos a escuchar la famosa frase: “¿usted sabe con quién está hablando?
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