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En toda sociedad civilizada el Parlamento constituye un reaseguro de la democracia. Es la barrera contra los abusos que muchas veces se busca imponer desde el ejercicio nato del poder. Es la reserva de las garantías ciudadanas y de la honorabilidad de la nación.
Esto es, al menos en teoría. En nuestro país, a tenor de los ejemplos que observamos a diario, el Parlamento apenas llega a una cueva de oportunistas que solamente se ocupan de cuidar sus propios intereses personales o sectarios, que tienen un actuar más cercano al de una gavilla de bandidos o un grupo mafioso, antes que el de genuinos representantes del pueblo.
Dudo que algún ciudadano honesto y trabajador que se esfuerza todos los días para vivir dignamente de su trabajo se sienta representado por parlamentarios que eligen proteger, salvar y blindar a uno de sus miembros que mintió y confesó robar recursos del Estado para beneficio propio.
Resulta incomprensible que una considerable cantidad de miembros de este Parlamento -nada menos que 42 de un total de 80- eligió ponerse en la vereda de alguien que confesó su fechoría y “enterrarse” con él ante la opinión pública.
Aunque la respuesta es simple: la impunidad. Una impunidad alimentada por la misma sociedad que permite a personas sin condiciones morales y que deberían estar tras las rejas a ocupar espacios de poder en las instituciones de la República. Qué se puede esperar de un Parlamento presidido por un senador “trato apu’a”.
De tanto en tanto algún episodio como el de los escraches contra el diputado José María Ibáñez (ANR) sirve de válvula de escape para la frustración social. Aunque a la hora de la verdad volvemos a votar por nuestros verdugos.
jaroa@abc.com.py