Lo que jamás podremos imaginar, salvo que lo vivamos en carne propia, es lo que debe sentir alguien preso en alguna de nuestras cárceles sin ser culpable, como producto de una imputación irresponsable y la pusilanimidad o pereza de un juez para sopesarla.
Y que conste que hasta aquí no mencionamos la variable de la corrupción.
Lo que está en juego no es poca cosa, la libertad, el bien más preciado que tenemos. De allí que se convierte en un atractivo rubro para extorsionar a quienes darían hasta lo que no tienen para no pisar un solo minuto alguna de nuestras cárceles.
El comentario del domingo pasado sobre la necesidad de depurar el Poder Judicial, y más específicamente la crítica a la ligereza de las rimbombantes imputaciones fiscales, generó una lluvia de correos con denuncias concretas contra la ligereza de la actuación de algunos representantes del Ministerio Público.
“La imputación no causa agravio” suelen repetir algunos de ellos, para justificar la superficialidad con la que toman una decisión tan grave y seria como imputar a alguien.
Mentira. La imputación de por sí ya causa el efecto de colocar a la persona como sospechosa y, dependiendo del caso, y aquí vale la autocrítica, como protagonista de las tapas de diarios y espacios preferenciales de radio, televisión y web, mientras que las desestimaciones de estas imputaciones pasan luego a ocupar un lugar marginal, probablemente al lado de la sección de Exequias.
Eso sin dejar de mencionar el tiempo, dinero y malos ratos que representa para alguien imputado injustamente el tener que afrontar el proceso.
En un país serio el fiscal sopesa con rigor y sobriedad los elementos recogidos, consciente de que la imputación debe ser una sospecha fundada en indicios sólidos. Pero aquí ocurre muchas veces al revés, se imputa primero para luego conseguir esos elementos.
Al hablar de estas investigaciones mal hechas, es inevitable recordar aquí el caso del joven que estuvo preso durante varios días por haber sido imputado por el solo hecho de bailar con una joven que posteriormente fue asesinada tras la Expo Santa Rita.
Tal fue el desconcierto del fiscal Erico Ávalos, quien había imputado al joven, que al comprobar que tenía que pedir su libertad por falta de elementos, anunció en contrapartida una orden de captura internacional contra los músicos brasileños que estaban actuando en la feria, a quienes también consideró rápidamente sospechosos del crimen sin verificar todas las grabaciones disponibles de esa noche.
Al demostrarse que la investigación era un bochorno, el fiscal naturalmente fue cambiado, y quien lo reemplazó nos contó asombrado que al asumir el caso, a más de un mes de cometido el crimen, encontró las ropas ensangrentadas de la víctima tiradas en la morgue, como si no se tratase de evidencias que podían aportar indicios relevantes en la investigación.
Casos como estos hay cientos y los que ganan notoriedad son los menos, quizás producto o de algún hecho impactante o de la movilización de familiares y amigos de los injustamente procesados.
Alguno dirá entonces que la vía institucional para denunciar a un mal fiscal es llevarlo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), como si no se supiese que allí muchos casos se resolvieron partidaria y no jurídicamente, con padrinazgos de por medio.
Lo mismo para algunos jueces, son finalmente ellos quienes disponen estas prisiones preventivas. Pero como dijimos al comenzar, muchos de ellos se lavan las manos por pusilanimidad o pereza, argumentando cuando son cuestionados que fue el fiscal quien solicitó la prisión.
Alguien entonces debe recordarles a estos representantes de la sociedad el papel trascendente que tienen, y para el que muchos, lastimosamente, no se encuentran a la altura.
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