Industria y Comercio, verdugo del consumidor

Desde hace cinco años que el gobierno actual venía obligando por decreto a los emblemas privados a comprar gasoíl de la petrolera estatal, Petropar; hecho que, además de violar el artículo 107 de la Constitución Nacional, también explica la debilidad institucional de la que padece nuestro país, tanto en la política como en la economía.

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Ni siquiera hay necesidad de apelar a las reglas de la hermenéutica jurídica para concluir acertadamente que un decreto se encuentra subordinado a la Constitución en el orden de prelación de las leyes. No obstante, así se procedió. Bajo la batuta de la cartera del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se puso en marcha el proyecto de convertir a la estatal Petropar en una empresa rentable con dinero privado e igualmente constituirse en el vocero de la propaganda oficial.

Semejante arremetida muy propia de los países con gobiernos populistas, está ocasionando en estos días la crítica del sector privado que, luego del anuncio por parte del MIC de liberar el precio del combustible, provocará daño a los que estaban comprando en contra de su decisión y al público consumidor. Por su parte, Petropar seguirá ofreciendo precios distorsionados, violando las reglas de la sana competencia de la economía de mercado.

Liberado el precio, el gasoíl se volverá más oneroso para el público y el sector privado será visto como el malo de la película. Tienen razón los dueños de los emblemas privados acerca de la decisión gubernamental, pues les provocará perjuicios a ellos y a los consumidores. Petropar sigue siendo un competidor desleal por la fijación de precios políticos.

La realidad es que el malo y verdugo de los consumidores es el propio gobierno y a la cabeza su ejecutor más temible, el MIC. Pero el daño mayor ya se había provocado antes, en ocasión de la compra coercitiva del combustible por parte de las empresas privadas a Petropar, establecida por decreto, que hizo del sector privado el mayor financista de su propia competidora, Petropar, lo que le permitió a la proveedora estatal constituir decenas de estaciones de servicio en todo el país.

Petropar con su ingreso al mercado de los combustibles lo que hace y sigue haciendo es provocar una distorsión de los precios dado que puede comprar y vender sin consideración alguna a la realidad de sus balances y costos financieros. Y lo hace porque esta “empresa” es dirigida por personas que no son dueñas de la misma y no responden por sus pérdidas, entonces se embarcan en aventuras en donde basta con diferir para el futuro los compromisos abultando los multimillonarios pasivos y pérdidas, ¡y todo con cargo a los contribuyentes!

Este modo de proceder desde el MIC y Petropar en lugar de ser económicamente eficiente y transparente es típicamente una conducta política y demagógica. Su propósito es congraciarse con el pueblo alegando precios más baratos en vez de los abusivos y angurrientos del sector privado que “sólo busca el lucro”, para de ese modo lograr un efecto de propaganda en favor del gobierno de turno, como en efecto se hizo.

(*) Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Carta sobre el liberalismo.” Asesor de la Asoc. Paraguaya de Universidades Privadas APUP.

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