Juego de máscaras en tiempos de internas

La seguridad sigue siendo un problema sin solución para el gobierno de Horacio Cartes. En casi tres años de gestión no ha podido descifrar los códigos que mueven a las fuerzas de seguridad. Las permanentes disputadas por espacios de poder y la rampante corrupción que atraviesan a los organismos de seguridad postergan cualquier logro. Los padrinazgos pueden más que la institución.

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En el entorno chico del Ejecutivo se tiende a desnaturalizar la realidad en el campo de la seguridad. En ese corto universo los logros mínimos representan avances portentosos. Por eso no es raro escuchar al sempiterno ministro del Interior hablar de avances sin precedentes o al mismo presidente Cartes indicar que las estadísticas muestran que la criminalidad bajo.

Fuera de ese mundo mágico la realidad golpea con fuerza casi a diario. La población siente en carne propia el asalto, el asesinato o el secuestro que los cuidados discursos de los encargados de seguridad pasan por alto.

El incidente con el hallazgo de explosivos y el traslado de un recluso ligado al narcotráfico que se desató en el penal de Tacumbú no fueron hechos aislados o una cuestión casual. Son parte de una seguidilla de eventos que se vienen dando hace semanas.

Lo último fue el secuestro de un joven agricultor en la misma zona de siempre donde el grupo de criminales camuflados con supuestas ideologías opera hace más de 10 años.

En esa suerte de zona sin ley se despliegan a sus anchas amparados en un discurso complaciente de los encargados de seguridad. Nadie los molesta y se alarga una situación que a estas alturas resulta un muy buen negocio para ciertos sectores de la fuerza pública.

Los últimos incidentes agregan nuevos componentes a la compleja situación. Es inequívoco que las disputas internas y la corrupción en los organismo de seguridad empiezan a tener un mayor componente político. Ciertos sectores políticos no están muy disgustados por convivir con grupos que operan fuera de la ley. Eso genera una cobertura para los grupos criminales.

No es casual que el grupo armado que se despliega en el norte tenga tanta impunidad, así como tampoco es nuevo que un capo de la droga tenga montada en pleno centro penitenciario una oficina desde donde mantiene sus negocios sin ser molestado.

Esas dos situaciones son el reflejo claro de quienes realmente tienen el manejo de la fuerza pública y como sus operadores están metidos en lo más alto de la estructura gubernamental.

Estos elementos empezaron a trabajar con más fuerza en las últimas semanas, alentados por la promesa de cambios importantes si se generaba suficiente crispación en el ambiente político. El caos traería consigo los cambios en las máximas esferas de poder.

El operativo parece estar en marcha; lo que no está claro es que pueda realmente llegar al objetivo, pero sí es seguro que a su paso generará fricciones y golpeará a las más altas autoridades.

En ese cuadro complejo de necesidades cruzadas el Gobierno del presidente Cartes no encuentra respuestas. Apenas si logra equilibrarse. Es una disputa donde sus operadores están prácticamente a ciegas. Son otros los que definen como se mueven las piezas para generar algunas puestas en escena que hagan creíble el juego de máscaras.

Pero esto apenas se inicia. Estamos en puertas de las internas partidarias, de definición de candidaturas y de creación de proyectos políticos de cara al recambio de poder en el 2018.

Todavía pasará mucha agua para saber realmente cómo quedará compuesto el juego de necesidades varias. Lo único que parece firme es que los grupos criminales cuentan con un buen respaldo político y se consolidan.

ogomez@abc.com.py

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