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14 de Octubre de 2018

 

La buena salud de la corrupción

Por Alcibiades González Delvalle

Corre la versión de que se habían reunido –o hay gestiones para que se reúnan– Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes. El motivo: acercar a los sectores colorados liderados por cada uno de ellos. Se menciona también que sería para salvar de la justicia a los políticos acusados de corrupción. En estos casos hay una forma infalible para saber la verdad: Que se niegue la versión, y quien la niegue sea una persona de poco valor ético.

Si la intención es unificar en torno a la doctrina colorada a los movimientos internos que se sacan los ojos, es enteramente loable. Los movimientos, esos que no buscan masacrarse los unos a los otros, es conveniente a los partidos porque deliberan, discuten, debaten sobre asuntos de interés público en un marco democrático.

Es provechoso para la vida cívica nacional que el Partido Colorado no esté dividido entre caníbales. Los partidos políticos débiles abren las puertas para que entren los populistas, aventureros, fascistas, xenófobos, etc. Los partidos se debilitan por la corrupción de sus dirigentes.

El otro posible tema de la reunión realizada, o a realizarse, entre Abdo Benítez y Cartes, es innecesario. Los corruptos se salvan entre ellos, pertenecen a una cooperativa de socorros mutuos que es un ejemplo de buen funcionamiento. Sin embargo, algo “anormal” ha sucedido.

Algunos de esos corruptos –muy pocos– están presos o muy cerca de estarlo. Bueno es destacar la inusual intervención de fiscales y jueces en algunos de los más escandalosos casos. Algunos de ellos: Los dirigentes cartistas Óscar González Daher y su hijo; Javier Zacarías Irún, su esposa, y toda la parentela; Víctor Bogado, y otros.

En su libro “La corrupción”, el periodista argentino Mariano Grondona dice: “En democracia, la presión popular sobre el gobierno es posible porque la corrupción se sabe: los medios de comunicación son libres, la oposición política denuncia al gobierno. En ese clima es más fácil conocer los casos de corrupción, pero a partir de ahí se abre un dilema. Que el tema se discuta y los delitos se denuncien es altamente positivo, pero si los casos no se resuelven, se genera un desaliento colectivo”.

En nuestro país este “desaliento colectivo” se origina en la misma Corte Suprema de Justicia donde los ministros “cajonean” por años los expedientes de algunos políticos de peso, o disponen su “inocencia”. Por fortuna, algunos ministros ya se fueron y otros, a punto de irse. No creemos que se vayan con la conciencia tranquila, con la satisfacción del deber cumplido, salvo que ese deber haya sido la protección a los delincuentes. Doy un ejemplo: en la sala constitucional está escondida la causa abierta al dirigente liberal “llanista”, Enzo Cardozo, desde hace tres años. Cardozo está acusado de estafa al Estado por más de setenta mil millones de guaraníes. Tenía tres causas: por 68.000 millones, 3.500 millones y 3.000 millones. De esta última le salvó, como era de esperar, la fiscal Acuña. Pero las otras dos siguen, o deberían de seguir, si el país contase con ministros más íntegros. Se espera que los dos nuevos que ahora entraron sean distintos de los que están o ya se fueron.

Que los corruptos reciben el apoyo de sus respectivos partidos o movimientos no hay dudas. Los diputados del movimiento de Efraín Alegre, el cual se había presentado en los últimos comicios como campeón de la anticorrupción, están dispuestos a salvar a uno de los suyos, Carlos Portillo, imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado y asociación criminal.

Si Grondona conociera nuestro país, no hubiera dicho que “la oposición política denuncia al gobierno”. No lo hace. No puede hacerlo porque en sus filas militan políticos tan corruptos como los oficialistas.

Con acuerdo o sin acuerdo entre Mario Abdo y Horacio Cartes, los senadores y diputados seguirán protegiéndose entre ellos con la mirada cómplice de los ministros de la Corte. Pero hay otras miradas con el mismo fin: las de los concejales que, en presencia de una montaña de documentaciones, se niegan tenazmente a la intervención de los municipios. El motivo es clarísimo: son parte de la corrupción que se quiere investigar. Y están los famosos “idiotas útiles” que se manifiestan a favor de quienes deberían rendir cuentas claras a sus respectivas comunidades.

alcibiades@abc.com.py

 
 

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