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El gobierno como resultado de dicha consulta lo encabeza Theresa May, conocida por su xenofobia; es decir, por su odio al extranjero. Aunque el objetivo prioritario de su gobierno tendría que ser la desconexión con Europa, dirigió sus primeras medidas contra los extranjeros. Como respondiendo a los temores de Carlin, decidió que las empresas deben presentar la lista de los no ingleses que trabajan en ellas. Más tarde, el Ministerio de Educación envió los formularios para el censo anual de los alumnos con una llamativa novedad: los estudiantes no ingleses deben especificar en qué país nacieron y el tiempo que llevan viviendo en el Reino Unido.
Los padres no tardaron en hacerse sentir. Muchos se quejaron porque la carta del Ministerio les fue entregada a sus hijos en plena clase, en presencia de todos sus compañeros. Consideran que es una práctica discriminatoria al poner en evidencia que su nacionalidad le interesa al Gobierno, aunque no se especifica para qué. Como respuesta, el Ministerio aclaró que la información se utilizará para mejorar los planes de enseñanza y crear, si es necesario, planes especiales que ayuden a esos niños a integrarse de manera más efectiva a la sociedad inglesa. Eso dice el Ministerio. Pero el discurso oficial que se escucha a diario es muy diferente.
Esta medida me replanteó el significado de la encuesta parecida que se ha puesto en marcha en nuestro país por parte del Ministerio de Educación, que ha declarado obligatorio responder a un cuestionario con preguntas relacionadas con la privacidad del alumno y de su familia. Hubo alguna que otra protesta, pero rápidamente –como es frecuente en el país– el tema se dejó pasar, se acallaron las discordias y el irregular censo de estudiantes siguió su curso.
El tema de la información relacionada con las personas, en Paraguay, tiene características muy especiales, ya que la relacionada con la cosa pública, que tendría que ser transparente, se encuentra blindada y fuera del alcance de posibles curiosos. No importa lo que digan las leyes. Mientras que la información privada de los ciudadanos, aquella que incluso está protegida por la Constitución Nacional, es expuesta en la plaza pública al alcance del primero que pase.
Aunque hayan transcurrido varias semanas de la puesta en circulación de dicho formulario, pienso que habría que revisarlo de nuevo. A pesar de todas las explicaciones dadas, en el riguroso lenguaje técnico-pedagógico, habilitado nada más que para unos cuantos elegidos, afirmando que toda esa información será utilizada nada más que para mejorar el nivel educativo, enriquecer los programas de estudio y elevar el nivel intelectual del alumno, no creo una sola palabra. Tenemos 479 años de historia que equivalen a 479 años de mentiras por parte de nuestros gobernantes. Y ninguno de ellos fue debidamente sancionado ni por las leyes ni por la sociedad por sus hábitos corruptos.
Solo les propongo a los estudiantes un tema de reflexión: en la próxima protesta estudiantil, ¿qué necesidad tendrá el Ministerio de Educación de averiguar quiénes son los cabecillas? Le será suficiente consultar sus archivos para tener el historial completo de los revoltosos y llevar adelante luego las sanciones que se le ocurra. Tomen como punto de referencia al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que utilizó las firmas de las actas pidiendo un referéndum revocatorio para tomar las represalias que quiso en contra de sus opositores políticos. Así se comienza. Y luego nos exigirán que llevemos la estrella de tela cosida a la ropa.
jesus.ruiznestosa@gmail.com