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Hoy las tensiones son distintas. Las amenazas al modelo democrático no vienen del uso de la fuerza sino de la incapacidad de responder a las inquietudes ciudadanas.
En poco más de 26 años de democracia las instituciones siguen siendo débiles. Están atravesadas por el personalismo y la impunidad de una clase política incapaz de interpretar los tiempos que vive.
Lo ultimo de estos días es la avalancha de denuncias sobre los excesos que se cometían y se cometen en la Justicia Electoral. A los cientos de operadores políticos que eran ubicados dentro de la nómina estatal se sumó el absoluto descaro de los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral que habrían cobrado viáticos irregularmente.
En rigor ese dato apenas vino a completar la serie de irregularidades que impunemente desde hace años involucra a los miembros de la Justicia Electoral. Alberto Ramírez Zambonini, prácticamente el único miembro eterno del Tribunal Electoral, años atrás plagió una tesis pero aún así sigue en el cargo gracias al respaldo de legisladores de diferentes partidos.
La Justicia Electoral no es la única. El Poder Judicial y el Poder Legislativo, dos instituciones capitales en el modelo democrático, también desde hace bastante tiempo aparecen liados a denuncias de corrupción.
En el Congreso ocupan bancas parlamentarios que tomaron dinero público para pagar personal privado, exministros que están procesados por desvío de fondos, otros que están ligados al narcotráfico o aquellos que usaron sus influencias para ubicar a parientes y algo más. Todos siguen en sus bancas con la mirada complaciente de sus colegas.
Este mismo respaldo también es el que mantiene congelado el pedido de juicio político a tres miembros de la Corte Suprema de Justicia y es el mismo que opera en todas las instancias del Poder Judicial para poder mantener sus influencias.
Esta serie de situaciones solo viene a demostrar la creciente corrupción en instituciones esenciales del modelo democrático. Espacios que deberían responder a la necesidad de la población terminan atendiendo intereses de grupos que están más preocupados en mantener sus privilegios.
Pero el problema mayor no es la corrupción. El problema de fondo y el que amenaza realmente al modelo democrático es la impunidad. La que, con la mirada cómplice del poder, permite que los privilegios indebidos se mantengan e impide que las instituciones funcionen.
Las abrumadores pruebas que cada día confirman esta situación y alientan el creciente malestar ciudadano no son tenidas en cuenta por la corporación de dirigentes políticos. En sus análisis mínimos creen que el modelo clientelar todavía puede ganar elecciones y que el descontento ciudadano en algunos días más desaparecerá.
Casi sin saberlo en casi tres décadas de democracia la clase política enfrenta sus horas más difíciles. Con un recambio generacional que trae al ruedo político a votantes que crecieron con un imaginario de fin de siglo y en momentos en que a nivel planetario se ponen en cuestión las asociaciones partidarias, la clase política con urgencia necesita adecuarse a los tiempos.
Los dos últimos que llegaron al máximo poder de la República no salieron de los partidos políticos. Ese no es un dato cualquiera, es la más clara confirmación del creciente descontento social con su dirigencia política que más que nunca necesita volver a sus orígenes y construir de nuevo una democracia con sus instituciones.
ogomez@abc.com.py