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La Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC) hizo una solicitud de ayuda urgente al presidente Enrique Peña Nieto para detener una ola de asesinatos de alcaldes municipales, dicen los titulares. Al menos cinco alcaldes han sido asesinados este año, lo cual lleva el número total a 56 en los últimos 10 años, según reportes de prensa.
Lo que es más, la abrumadora mayoría de estos crímenes siguen impunes, lo cual se corresponde con el patrón general de impunidad para todos los crímenes que se cometen en México.
Un estudio del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas en Puebla muestra que México tiene el segundo índice de impunidad más alto del mundo, después de Filipinas.
Solo el 7 por ciento de los crímenes que tienen lugar en México son reportados a las autoridades, y menos del 1 por ciento de todos los criminales terminan en la cárcel, según el Índice Global de Impunidad México 2016 recientemente publicado por el CESIJ.
La mayoría de los mexicanos no reportan los crímenes porque piensan que hacerlo es una pérdida de tiempo, y porque no confían en la policía. No en vano, un viejo chiste mexicano dice que “¡si te asaltan en la calle, no grites, porque puede venir la policía!”. A menudo, la policía extorsiona a las víctimas, y a los criminales.
Gerardo Rodríguez Sánchez, coautor del índice de impunidad del CESIJ, me dijo que la mayoría de los asesinatos de alcaldes tienen lugar en áreas remotas, de extrema pobreza, donde se cultiva la amapola para la producción de heroína.
La presencia de fuerzas de policía federales o estatales, o de jueces, en estas áreas rurales es virtualmente nula. Allí, los narcotraficantes quieren controlar a los alcaldes, porque son estos quienes designan a los únicos agentes de seguridad locales.
Pero, para poner las cosas en perspectiva, México no está entre los países más violentos de América Latina. Hay alrededor de una docena de países latinoamericanos con índices de asesinatos más altos que los de México.
Honduras tiene un índice anual de homicidios de 90 por cada 100.000 habitantes; Venezuela, cuya capital es la ciudad más violenta del mundo, de 54 personas; El Salvador, de 41; Guatemala, de 40; Jamaica, de 39; Colombia, de 31; Bahamas, de 30; Trinidad y Tobago, de 28, Brasil, de 25; y la República Dominicana, de 22. En comparación, la tasa de homicidios de México es de 21 personas por 100.000 habitantes, según cifras de la ONU.
Y aunque Estados Unidos como nación tiene un índice de homicidios mucho más bajo que el de México, ciudades estadounidenses como Detroit, Nueva Orleans, Newark y St. Louis tienen una tasa de homicidios de más del doble de la de México, y alrededor de tres veces más de la de Ciudad de México.
El altísimo nivel de impunidad de México se debe, entre otras cosas, a la corrupción policial, la escasez de jueces –el país cuenta solo con cuatro jueces por cada 100.000 personas, en comparación con 10 jueces por la misma cantidad de habitantes en Estados Unidos– y las cárceles superpobladas, dicen los expertos.
Mi opinión: Casi todas las diatribas de Trump sobre México, como su afirmación de que la mayoría de los migrantes indocumentados mexicanos en los Estados Unidos son “criminales” y “violadores”, son disparatadas. De hecho, varios estudios muestran que los indocumentados mexicanos cometen menos delitos que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
Sin embargo, México debería pedir ayuda internacional para resolver su grave problema de impunidad, igual que lo hizo Guatemala cuando invitó a la Comisión Internacional de las Naciones Unidas contra la Impunidad (CICIG) para ayudar a reconstruir su desastroso sistema de justicia.
La reciente ola de asesinatos de alcaldes mexicanos sugiere que la violencia del narcotráfico en México no está disminuyendo, y que hay que hacer algo drástico para reducirla.