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Los himnos, las constituciones, las declaraciones universales de derechos, los pactos jurídicos supranacionales, los documentos finales de los congresos, etc. suelen describir un mundo ideal, una sociedad perfecta en la que todos somos unos grandes patriotas y estamos dispuestos a morir por la defensa de nuestros altruistas ideales.
La realidad cotidiana es muy diferente a la patria soñada. Por múltiples causas y circunstancias, los ciudadanos no actúan como debieran y las autoridades nacionales no sirven honradamente a los compatriotas como juraron hacerlo al asumir sus cargos.
En la dura realidad, muchas personas se agrupan para defender sus intereses comunes, sin importar si sus acciones se ajustan o no a los principios legales y éticos que adoptamos como nación. En sociología, se llaman “grupos de presión” a las organizaciones formales o de hecho que, para preservar sus intereses corporativos, presionan y empujan a los demás en la dirección que a ellos les favorece.
Para que la convivencia pública no sea un caos ni se imponga la ley de la selva, el sistema democrático prevé una distribución equitativa del poder entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además de garantizar la libertad de expresión y de protesta de los ciudadanos a través de la opinión pública.
Esta República ideal es constantemente violada por los mismos órganos de poder que se crearon para preservarla. Los tres poderes del Estado estiran el carro en diferentes direcciones y cada sector pretender constituirse en un superpoder. Esta lucha permanente entre distintos sectores que gobiernan el país explica por qué los parlamentarios acaban de aprobar una ley de “autoblindaje” que les permitirá huir del alcance de la justicia cuando cometan actos ilegales.
De acuerdo a lo que establece esta norma de “autobandidaje”, para que se pueda dar curso a la solicitud de destitución de un parlamentario, debe existir una sentencia penal firme de juez competente. En la práctica, esto significa que una acusación formal contra un diputado o un senador puede demandar entre cinco y diez años de proceso y, por ello, los legisladores se convierten en una especie rara de ciudadanos inimputables.
Leyes como la ahora aprobada generan la división y el malestar entre los ciudadanos pues, evidentemente, no todos somos iguales ante la ley. Cantar en el Himno de que entre nosotros existe “unión e igualdad” es una tomadura de pelo, por los caraduras y sinvergüenzas del Congreso.
Queda todavía una pequeña esperanza: que el Poder Ejecutivo vete la ley por ser anticonstitucional, pero, ¿se animará Cartes a ponerles los cascabeles a tantos gatos?
ilde@abc.com.py