No es la Constitución

Pasaron 24 años del día en que se sancionó y promulgó la Constitución Nacional. El 20 de junio de 1992 fue un momento de júbilo. Se dejaba atrás una Constitución, la de 1967, hecha a imagen y semejanza de la dictadura. Quedó sepultada una época identificada con el atropello incesante de los derechos humanos. Se recuperaron las libertades básicas como la de expresión, reunión, asociación, etc., y se crearon nuevas instituciones que sostuvieran la democracia naciente, hasta entonces ignorada por varias generaciones.

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En el “Preámbulo” de la nueva Constitución leemos: “El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución”.

Dignidad, libertad, igualdad, justicia, son los valores invocados como instrumentos para que los gobiernos de turno –Ejecutivo, Legislativo, Judicial– conduzcan el país hacia mejores días. Tuvieron y tienen los medios legales para hacerlo, pero optaron por la corrupción para seguir manteniéndonos en la pobreza moral y económica.

Muchos políticos y dirigentes sociales quieren una nueva Constitución atribuyendo a la actual una serie de errores que impiden un mayor dinamismo en la vida nacional. Tal vez tengan razón. Nuestra Constitución no es la ideal. Nació en un momento en que una gran mayoría ciudadana presionaba para sepultar un pasado de terror y recuperar su dignidad.

La solución no es una nueva Constitución. Es posible que teóricamente fuese mejor que la vigente. Pero no dejará de ser otra Constitución con buenas intenciones a juzgar por la vieja costumbre que tenemos de violarla sin misericordia. Si no se respeta la actual, ¿quién nos asegura que la siguiente será acatada por quienes tienen mayor obligación de hacerlo como las autoridades administrativas, legislativas y judiciales?

No hay espacio suficiente para señalar todos los incumplimientos. Pero hay algunos ejemplos imprescindibles. La Constitución de 1992 tuvo la intención de fortalecer la democracia con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y vea usted en qué se ha convertido esta institución. No hay día en que no salte alguna irregularidad administrativa. Los ministros tomaron como suyo el dinero público y disponen de él a su antojo. Las intervenciones de la fiscalía son un remedo que sólo expresa, en el mejor de los casos, la desidia ante hechos muy graves. Desidia que alienta la consumación de más casos delictivos. Una muestra, de las muchas: ¿Qué pasó de las documentadas denuncias contra la ministra Wapenka? Nada. Se hundieron en los papeleos a la espera de que la opinión pública se olvide del caso. Esta misma situación se da con los demás ministros.

Y el Congreso tiene la misma actitud constante contra los mandatos constitucionales y éticos. El último caso está referido a la investigación que la fiscalía pretende hacer al senador colorado Nelson Aguinagalde por un supuesto hecho de lesión de confianza ocurrido cuando era gobernador de Alto Paraná. Los senadores, en mayoría, con ayuda de unas “abstenciones”, impiden la acción judicial escudados en el fuero parlamentario. De acuerdo con la Constitución, art. 191, “Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”. Solamente para este caso es el mandato constitucional, pero los senadores lo extendieron para proteger delitos comunes.

También de algunos parlamentarios viene el intento de violar la Constitución como el artículo referido a la reelección presidencial. Buscan con el remiendo instalar un hecho sólo permisible por el lado de la reforma.

Tenemos también la Contraloría General de la República creada para cuidar el dinero público. Todos sus titulares salieron manchados de corrupción. Y del Poder Judicial ni hablemos, la institución peor valorada por la ciudadanía.

Con autoridades nacionales y regionales que diseñan estrategias para delinquir, algunas creativas y otras muy burdas, no hay Constitución ni leyes que sirvan para desarrollar el país.

Nuestro problema no se deriva de una supuesta Constitución deficiente. Podemos tener la más avanzada del mundo que si no hay voluntad de cumplirla para nada servirá.

alcibiades@abc.com.py

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