Cargando...
Los diputados Sergio Rojas y Antonio Buzarquis (PLRA, llanistas) y Mario Soto Estigarribia y Celso Troche (ANR, cartistas) son los autores de este proyecto de ley que, para decir poco, es absolutamente demencial. De aprobarse, quiere decir que todo aquel que no vote, sufrirá una “muerte civil”. En el antiguo Derecho Romano, padre y madre de nuestro actual derecho, era lo peor que podía ocurrirle a un ciudadano. Además, con opositores como estos, para qué necesitamos de políticos oficialistas, ya que entre ellos están enfrascados en un verdadero concurso de ver quién persigue con mayor encarnizamiento a la ciudadanía. Si estos son quienes nos representan, poca esperanza guarda lo que sobra.
De acuerdo al proyecto, quien no vote será pasible de las siguientes penas: 1.- Suspensión de subsidios y créditos agrícolas. 2.- Imposibilidad de acceder a becas de estudio. 3.- No podrá renovar sus documentos personales. 4.- Suspensión por dos años para la renovación y expedición de documentos de carácter personal. 5.- Suspensión de dos años para renovación de pasaporte. 6.- Suspensión por dos años para renovación de registro de conducir. 7.- Prohibición de ocupar cualquier cargo público durante dos años. 8.- Prohibición de presentarse como candidato a cargos electivos por dos años. 9.- Pago de una multa que va desde 15 hasta 30 jornales mínimos (G. 1.177.575 y G. 2.355.150).
Si seguimos “ad absurdum” estos diputados están conspirando contra OPACI, una organización tan cara al Poder Ejecutivo como irregular en su proceder ya que mucha gente no podrá renovar su registro de conducir y por lo tanto no contribuirá a la riqueza personal de sus miembros. En cuanto a la prohibición de ocupar cargos públicos, habrá que ver si el servicio doméstico de numerosos legisladores cumplen con este requisito ya que de lo contrario no podrán figurar en las planillas en las que les hacen figurar sus patrones.
La motivación es clara. La clase política, la clase gobernante, está viendo que las próximas elecciones sufrirán un absentismo llamativo ya que lo que nos ofrecen es de una notable pobreza. Listas sábana llenas de gente averiada; muchas no están en la cárcel gracias a sus fueros y otras obstaculizan juicios pendientes amparadas en la misma circunstancia. Unas elecciones en las que la concurrencia ronde el 40% del censo, poca o ninguna legitimidad podrá darle a quienes resulten electos. Más aún si se considera que ese porcentaje se tendrá que repartir entre varios partidos.
Lo que nos están ofreciendo no estimula ningún tipo de esfuerzo. Yo vivo a doscientos kilómetros del consulado paraguayo más cercano; son dos horas y media de tren (hay más rápidos pero cuestan el doble) lo que suman cinco horas entre ir y venir, transporte en la ciudad, comer en un restaurante. En fin, suma y sigue. ¿Vale la pena hacer todo esto para ir a votar por quienes andan amenazando perseguir a quienes no apoyen su movimiento? ¿Votar por quienes tienen a toda su familia, carnal y política, incluyendo el servicio doméstico, cobrando de las planillas del Estado? ¿Votar por quienes no tenemos plena certeza que están o no en complicidad con bandas de narcotraficantes y de lavado de dinero? ¿Votar por quienes no están autorizados por la Constitución Nacional y aspiran a ocupar una banca en el Senado? ¿Votar por quienes no tienen ningún rubor de aprovecharse de los bienes del Estado para su campaña proselitista? ¿Votar por quienes cambian de partido como de camisa?
Teniendo todo esto en cuenta, es comprensible entonces que estén pidiendo la muerte civil para quienes nos negamos a darles nuestros votos. Arriesgan a perder mucho aunque también arriesguen la institucionalidad de la república que poco o nada les importa. Entonces, nada de leyes. ¡La guillotina en la plaza! No se arriesguen a perder sus privilegios.
jesus.ruiznestosa@gmail.com