Palabras tardías y equívocas

Muy tarde se acuerda el Gobierno de la Ley en el conflicto conocido como Ñacunday.  No en balde en idioma guaraní Ñacundá quiere decir dormilón, porque su comunicado parece escrito por una persona que no puede despertar y balbucea palabras y más palabras cuyo contenido no puede alcanzar la razón, ni la verdad, ni apartarse de una astucia muy barata, plagada de revelaciones lamentables en que las intenciones son absurdas, y especialmente equívocas.

En primer lugar, los carperos salieron del Palacio de Gobierno después de reuniones con el presidente Lugo, y de allí fueron a aportar su violencia en apoyo de unas Fuerzas Armadas confundidas por instrucciones equívocas, lo que en términos castrenses es lo peor que le puede ocurrir a un subordinado formado para obedecer y callar. Luego vienen las culpas y la selección del culpable, por supuesto de entre los inocentes.

No  cabe pues que el presidente Lugo, en lenguaje ex cátedra como si hablara desde Roma, diga: "Con ocasión de los hechos suscitados en el distrito de Ñacunday, del conflicto que mantienen grupos de personas (colonos y carperos) ampliamente publicitados y prohijados con variable intensidad por intereses políticos que se desarrollan en puja permanente".

Hay un cinismo insoportable en la pretensión de atribuir a los colonos un interés político, y el interés político de los carperos toda la opinión pública sabe que el interés del presidente Lugo consiste en introducir metodologías de origen venezolano tendientes a modificar el catastro de las propiedades privadas aprovechando la franja de seguridad fronteriza para designios propios, que en el espejo de sus habitaciones privadas le permite contemplarse con satisfacción como parecido al Che Guevara.

El interés crematístico del presidente Lugo, de hacer plata con los bienes ajenos situados en Ñacunday salta a la vista con el punto 4 del Comunicado. El séquito de asesores jurídicos que rodean al Presidente le han clavado un puñal en el corazón porque han puesto en evidencia la intención que preside la mente del Presidente y sus monaguillos. Es la siguiente:

¿Cómo transformar el negocio de los excedentes de tierras en el más próspero negocio inmobiliario? Muy simple:  convertir el Indert en una inmobiliaria dueña de todos los excedentes que se encuentren mediante las mensuras amañadas en las que buscan complicar a los militares para encubrir la realidad de lo que habrá de suceder. Luego venderlas o repartirlas entre quienes resulten beneficiarios, a quienes se les podrá financiar por medios paralelos, por ejemplo el Banco Nacional de Fomento y los fondos del Estado, o algo similar.

El círculo cierra. Solo resta la legalidad de la operación.

Aquí va: el artículo 104 del Estatuto Agrario autoriza a cualquier tercero a denunciar ante el Indert, en el carácter de Organismo de Aplicación (en adelante ODA), la detentación de tierras del dominio fiscal por particulares.

ODA promueve la mensura judicial a fin de acreditar si el propietario detenta o no una superficie mayor a la que resulta de sus títulos. Agregado el informe del perito mensor y si el detentador ni los colindantes acreditasen sumariamente ante el juez de la mensura su titularidad del dominio del excedente encontrado, el juez declarará que se trata de tierra fiscal  propiedad del ODA . Si no, los costos serán a cargo del denunciante   (insolvente absoluto).

Pues bien. El punto 4 del Comunicado del presidente Lugo dice que si hubiere excedente de propiedad del Estado (tierras fiscales) la posibilidad de adjudicación a personas o grupos de personas corresponde exclusivamente al ODA (Indert) y los recurrentes o solicitantes cumplirán los requisitos.

Como los excedentes serán hallados mediante el sistema venezolano de declarar ilegítimos los títulos superpuestos a los derechos del Estado procedentes de las previas anulaciones por sentencias, se tendrá en el ODA más que una simple oda, una divina comedia.

Para dotar al Ejecutivo de los recursos legales no contemplados por el ordenamiento jurídico en vigor, el Comunicado en el punto 8  prevé la "generación de instrumentos legales que en coherencia con los postulados constitucionales, posibiliten instalar instituciones (sic), competencias, relaciones jurídicas, etc., etc."  en el marco del artículo 3º de la Constitución.

Creo que el Ejecutivo no ha hecho marcha atrás en sus planes originales. Sus retrocesos y avances son mera táctica. El plan viene del Norte, y aunque parezca mentira sobre todo para algunos políticos, todo dependerá de los militares.